El Gobierno de Bucarest quiere que se levante la moratoria laboral que España fijó hasta 2009 La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, manifestó ayer que han llegado a España «muchos más» rumanos de los que el Gobierno preveía, y aseguró que el Ejecutivo tiene que estudiar el «impacto» que ha tenido la población rumana en el mercado laboral español antes de decidir si retira o no la moratoria que restringe la entrada de trabajadores procedentes de ese país.«Suponíamos que iban a llegar muchos rumanos [desde su entrada en la Unión Europea, el pasado 1 de enero], pero han llegado muchos más de los que esperábamos», señaló la responsable de Extranjería en Madrid durante unas jornadas de estudio de la Abogacía General del Estado.El Gobierno de Bucarest quiere que España levante la moratoria que impide a sus compatriotas trabajar libremente en España, que en principio está prevista que dure hasta 2009. El próximo día 26, el presidente de Rumanía, Traian Basescu, visitará España para abordar este tema, entre otros, según informa Europa Press.Asimismo, Rumí señaló que un elemento de atracción de la inmigración clandestina es la posibilidad de encontrar un trabajo ilegal, pero aseguró que el Gobierno está luchando para acabar con el mercado laboral que se desarrolla al margen de la ley. Igualmente, subrayó que los extranjeros «no restan empleo» a los españoles porque ocupan los puestos de trabajo que éstos no quieren.No obstante, la responsable de Extranjería avisó de «las graves consecuencias» sociales que conllevaría que en España se formasen «bolsas de marginalidad». «Debemos anticiparnos a los conflictos. Estamos a tiempo», apostilló la secretaria de Estado.Rumí afirmó que «hoy se repatría más que nunca y a países que nunca se había hecho», lo que transmite un mensaje «desalentador» a los jóvenes que están pensando en emigrar hasta España de manera ilegal.Precisamente España y Rumanía acordaron ayer crear una comisión que se encargará de identificar a los menores rumanos no acompañados en territorio español y concretar la forma de repatriarlos en los casos que proceda.El protocolo servirá para aplicar el acuerdo de cooperación en la lucha contra la explotación de los menores rumanos no acompañados en España, firmado en 2006. En la comisión de seguimiento habrá ocho representantes por cada país, que establecerán las modalidades de colaboración entre ambos estados.