El 99% de los 7.149 escolares en tránsito – en su mayoría inmigrantes extranjeros (y algún nacional) que se incorporaron fuera del plazo de matrícula durante el curso – acabaron en aulas públicas. Aunque este chorreo continuo de inmigrantes hacia los “centros públicos receptores” que la Consejería de Educación ha ido habilitando en cada barrio de las grandes ciudades no es nuevo – se da desde 2001 – 2002 cuando se disparó la curva de escolares extranjeros – la respuesta oficial es, cuando menos, novedosa al admitir que es producto del incumplimiento de sus propias normas legales.

En una respuesta parlamentaria, el consejero Alejandro Font de Mora asumió el pasado 6 de noviembre que “la Consejería de Educación no pone ningún condicionante a los centros concertados sostenidos con dinero público respecto a la atención de inmigrantes”. La respuesta a una pregunta de la diputada de Esquerra Unida por Castellón, Marina Albiol, admite que ni “la orden del 27 de abril de 2007 que obliga a regular la reserva de plazas en todos los centros públicos y concertados para escolarizar al alumnado con necesidades específicas”, ni “el Decreto de Admisión de Alumnos que regula la escolarización equitativa”, se aplican a la luz de los datos presentados.

Albiol había preguntado por qué en la provincia de Castellón – que el curso pasado se inició con 9.618 alumnos inmigrantes escolarizados, cifra que había crecido hasta 12.224 en septiembre – “sólo 20 de esos 2.606 extranjeros de más se escolarizaron en la concertada”.

El consejero tampoco explicó “qué medidas aplicará para evitar la saturación de la pública” a sabiendas de que el 86% de los 81.319 inmigrantes escolarizados en septiembre van a la pública; y, según las previsiones de agosto pasado del Ministerio de Educación, se prevé que soliciten plaza otros 7.000 u 8.000.