Cittadella aprueba una ordenanza que niega la residencia a los extranjeros con renta baja y que carezcan de vivienda «decente» Se hace saber que Cittadella, una pequeña ciudad del norte de Italia, ha decidido cerrar sus puertas a los inmigrantes pobres, a los que no tienen trabajo, a los que han pasado por la cárcel y, en general, a todos aquellos extranjeros sin recursos económicos y considerados socialmente peligrosos.

El pasado viernes, en esta localidad de 22.000 habitantes entró en vigor una normativa municipal que niega el derecho de residencia en Cittadella a todos aquellos inmigrantes que no puedan demostrar tener un trabajo estable que les procure unos ingresos anuales de al menos 5.061 euros (420 euros al mes) y vivir en una «casa decente» (sic), que cumpla con unos requisitos mínimos higiénicos y sanitarios. Además, y en nombre de la seguridad ciudadana, todos los extranjeros con antecedentes penales considerados graves tampoco podrán vivir legalmente en este villorrio de la provincia de Pádova. Una comisión municipal se encargará de valorar si los solicitantes reúnen los requisitos requeridos antes de aceptar inscribirles en el registro municipal como residentes en Cittadella.

La normativa municipal 30/2007, que se extiende a lo largo de ocho páginas, lleva la firma de Massino Bitonci, alcalde del municipio y miembro de la Liga del Norte, un partido conocido por su fuerte xenofobia. «Yo no tengo miedo de ser acusado de esto o lo otro. Mi obligación es defender la seguridad de mis ciudadanos», señala Bitonci en plan sheriff. «En mi ayuntamiento viven cerca de 1.500 extranjeros y, desde hace algunos meses, la policía municipal está llevando controles. Se han descubierto, por ejemplo, dos talleres donde trabajan en condiciones de explotación decenas de chinos, incluidos algunos niños. Lo que quiero ahora es que esos controles sean preventivos. Antes de obtener el certificado de residencia, los solicitantes deberán demostrar no tener antecedentes penales y sí un trabajo y una casa. Si no, nada de residencia»,

En Cittadella se reciben a la semana entre 10 y 20 solicitudes de residencia, muchas de ellas de extracomunitarios, y numerosas de rumanos. A partir de ahora, todas esas personas deberán «demostrar disponer de recursos económicos suficientes para sí mismos y para sus familiares». Según los criterios de Cittadella, se entiende que una persona sola o con un familiar a su cargo necesita para vivir al menos 5.061,68 euros anuales, mientras que una familia de tres miembros debe de contar como poco con unos ingresos al año de 10.123,36 euros y de 15.185,04 euros si se trata de un núcleo de cuatro o más personas. La legislación de Cittadella ha generado tantas muestras de enfado como de admiración. «Me parece una iniciativa dictada por el sentido común», señala Giancarlo Galan, gobernador de Veneto y miembro de Forza Italia, el partido que lidera Silvio Berlusconi. De hecho, el alcalde Bitonci asegura haber recibido casi medio centenar de llamadas de colegas que también querrían implantar en sus municipios una normativa similar. El más rápido ha sido Luca Claudio, primer edil de la vecina Montegrotto por el partido posfascista Alianza Nacional, quien el lunes pasado aprobó una legislación parecida. Y los alcaldes de Treviso y de Verona, Giampaolo Gobo y Flavio Tosi, respectivamente, admiten estar contemplando la posibilidad de poner en marcha en sus ciudades legislaciones del mismo corte. «Esperemos que se desencadene un efecto en cadena en todo Veneto», suspira Mauricio Conte, secretario regional de la Liga del Norte.

«Se trata de una medida decididamente racista y discriminatoria», clama por su parte Paolo Ferrero, ministro de Solidaridad Social. «Numerosos juristas consideran que se trata de una normativa anticonstitucional», denuncia Ettore Rosato, subsecretario del Interior. Pero el alcalde de Cittadella sonríe y se frota las manos: «He estudiado en profundidad todo la normativa en la materia, tanto nacional como comunitaria como local. Y creo que jurídicamente la normativa se mantiene en pie».