es
más frecuente escuchar al Gobierno de Canarias denunciar el abandono al que se
ve sometido el Archipiélago por parte del Estado. Si hace unas semanas eran los
presupuestos generales elaborados por el ministro Solbes el motivo de la queja,
en los últimos días ha sido la situación de los menores inmigrantes lo que ha
provocado que el propio presidente del Ejecutivo autónomo, Paulino Rivero,
manifestara que “estamos abandonados” por el Gobierno liderado por José Luis
Rodríguez Zapatero.

No debe de extrañar, por tanto, el resultado de una encuesta hecha pública
hace unos días, realizada por la Fundación Bertelsmann, que sitúa a los
ciudadanos canarios entre los que menos se identifican con España, después de
vascos y catalanes. El descontento es lógico, pues depender de una metrópoli
ubicada a 2.000 kilómetros, que hace oídos sordos a nuestras demandas y
necesidades, no puede suscitar otra cosa.

Sin embargo, con lamentos no se llega a ninguna parte. Desde EL DÍA
hemos insistido en la urgencia de aprobar un estatuto especialísimo que otorgue
a las Islas lo que se merecen y precisan, y, a su vez, permita identificar a los
ciudadanos de este Archipiélago por lo que son: canarios. No españoles
ultraperiféricos, que suena a colonia francesa de allende los mares. Eso no
significa, por supuesto, perder los importantes lazos afectivos, históricos,
culturales, de lenguaje y económicos que siempre hemos mantenido con España.

* * *

Ahora mismo
nos encontramos con una oportunidad histórica para redactar dicho documento. El
rechazo por parte de las Cortes del proyecto de reforma del Estatuto de
Autonomía de Canarias, en lugar de avivar las diferencias políticas en las
Islas, debe ser aprovechado para redactar otro texto, más simple, que inicie el
camino hacia lo que debe aspirar todo nacionalista y, por otro lado, corrija los
tres grandes y graves errores que contiene el actual Estatuto.

En este sentido, extractamos parte de una artículo publicado el viernes en
las páginas de este periódico por Carlos Lugo Sosvilla en el que, entre otras
cosas, señalaba que “…el caso de Canarias resulta paradigmático de que en
democracia toda construcción de normativa política que no germine bien enraizada
en el pueblo nace condenada a una corta vida, como la rosa…”.

Una aseveración sobre la que deberían reflexionar nuestros políticos a la
hora de embarcarse en la redacción de un nuevo proyecto de reforma.

* * *

Nos congratulamos de que el Ayuntamiento de Santa Cruz haya decidido coger el
toro por los cuernos y, a pesar de las críticas vertidas desde algunos sectores,
el viernes aprobara la regulación de la prensa gratuita en la capital tinerfeña.
De esta forma, tal y como ya apuntamos en nuestro Comentario del pasado martes,
se hace justicia con los quioscos y se evita que la ciudad se llene de papeles.
Y repetimos, con el respaldo a la decisión adoptada por el Pleno de la
Corporación capitalina “no es que aboguemos por poner restricciones a la prensa
escrita –como pretenden hacer ver algunos–, bueno estaría perteneciendo esta
Casa al mismo gremio, pero sí es verdad que no da lo mismo cualquier
producto”.

* * *

No podemos
decir lo mismo de lo que está ocurriendo con Televisión Canaria (TvC), pues el
Gobierno canario, lejos de enmendar los fallos cometidos hasta ahora con este
medio de comunicación, continúa errando en sus decisiones. Además de engordar
económicamente su presupuesto, con su última resolución dirigida a recuperar el
control de la programación, pero dejando los informativos en manos ajenas, o
sea, de Las Palmas, no va a conseguir que Canaria deje de brillar, sin ninguna
razón que lo justifique, por encima del resto de las islas. Porque es
precisamente a través de los servicios informativos, y lo que es peor, a través
de su canal internacional, es decir Europa y el resto del mundo, cómo Las Palmas
ha logrado catapultar su imagen irreal de gran capital. Si la mejor forma de
poner fin a los desmanes de TvC es la decisión adoptada esta semana por el
Gabinete de Paulino Rivero, nos tememos que Tenerife permanecerá en un segundo
plano con respecto a la tercera isla.

* * *

Ha llegado la
hora de decir ¡basta ya! a tanta injusticia. El caso de TvC es uno más de los
que sufre Tenerife y el resto de las islas con respecto a Canaria. Aunque lo del
“gran” es por sí solo un hecho que debería llevar a los políticos elegidos por
Tenerife a exigir, y conseguir, por supuesto, la creación en el Parlamento de
una comisión de investigación para poner fin a una gran falacia y superchería
que comenzó a crecer anteayer, tampoco se pueden quedar con los brazos cruzados
ante la rapiña que ha llevado a cabo Las Palmas con sedes de instituciones,
consulados y empresas públicas –algunas ya privatizadas– que estaban en
Tenerife, con el objetivo de convertirse en la capital del Archipiélago y
obligar a los habitantes de esta Isla a depender de los designios de la tercera
en superficie, la segunda en población y la última en atractivos naturales.
¡Vaya burla! Si nuestros representantes, los elegidos por Tenerife, no logran
arreglar estos desmanes, su credibilidad, influencia y honradez política serán
cero.