Uno de los acusados de haber traído a Tenerife, el 14 de septiembre de 2006, a 165 inmigrantes en el barco “Al-Mari” señaló ayer en el juicio que el responsable del “negocio” del tráfico de personas asiáticas desde África a Europa “es un pakistaní casado con una hija del presidente de Guinea”.

DORY MERINO, Tenerife

Uno de los cuatro acusados por ser considerado, supuestamente, responsable de haber traído a Tenerife, el 14 de septiembre de 2006, a 165 inmigrantes, la mayoría asiáticos, en el barco “Al-Mari” señaló ayer en el juicio que el responsable del “negocio” del tráfico de personas asiáticas desde África a Europa “es un pakistaní casado con una hija del presidente de Guinea Conakry”.

Así lo manifestó V. B., un saharaui que, además, entregó al juez un papel con el nombre y los teléfonos de dos personas, que, en su opinión, son los contactos en ese país africano con el mundo asiático. La declaración de uno de los testigos protegidos, natural de Sri Lanka, que también realizó la travesía en ese barco, y que sorprendentemente habla muy bien español, confirmó que existen personas en su país de origen que facilitan el traslado en avión hasta Conakry, para embarcar después en barcos chatarra hacia Europa.

Este testigo precisó que él abonó el precio antes de salir de su país, que incluía la totalidad del trayecto.

Dijo que el día 1 de septiembre de 2006 partió del puerto de Conakry en un cayuco, junto con otras personas y, ya en alta mar, subieron al barco “Al-Mari” rumbo a algún lugar de Europa.

De los 14 días de travesía relató que los últimos fueron muy duros, porque escaseaba el agua. En este sentido, apuntó que él había visto cómo alguno de los responsables tiraba el agua y la comida por la borda días antes de llegar al puerto de Santa Cruz.

El Ministerio Fiscal recordó que más de quince personas tuvieron que ser evacuadas por Salvamento Marítimo para recibir asistencia sanitaria por encontrarse débiles y en mal estado.

Algo que quedó de manifiesto en la vista de ayer es la falta de intérpretes de árabe a la hora de tomar la primera declaración a los inmigrantes. Por este motivo, en el juicio de ayer, aunque la fiscal preguntaba a O. B., natural de Marruecos por algunas cuestiones ya declaradas y recogidas en el expediente, ante la negativa de casi todo, y gracias a la pregunta de un de los abogados defensores, se llegó a la conclusión de que en esa primera declaración le habían preguntado en francés, idioma que el acusado domina poco, y no en árabe, como se hizo ayer.

Es más, esta misma persona no reconoció su firma en algunas de las declaraciones firmadas que le mostraron como suyas.

Para eludir las responsabilidades de las que se le acusa, indicó que no tenía conocimientos de la mar porque nunca había manejado un barco.

Relató que se trasladó desde su pueblo natal, en el Sahara, hasta Guinea Conakry con un comerciante que tiene un almacén de medicamentos. Allí se enteró de la existencia del barco que zarparía rumbo a Europa y decidió embarcarse, previo pago de 1.200 euros. Dijo que se los abonó a una persona que se quedó en tierra.

1.500 euros por el viaje

Otro de los acusados, M. J., natural de Senegal, explicó que él pagó 1.500 euros por el trayecto y también aseguró que fue en cayuco hasta alta mar, donde se encontraba el barco grande, ya cargado de personas.

Precisó que dormía en una zona que sirve para guardar el pescado con muchas otras personas y negó que tuviera nada que ver con los capitanes del barco.

Algo chocante en este testimonio es que manifestó que durante el día veía la televisión, lo que contrasta con el ambiente de hacinamiento descrito por los demás.

El cuarto acusado, J, T., de Sierra Leona, puso de manifiesto que su país está en conflicto y, tras la explosión de un depósito decidió coger el barquito de su padre y lanzarse al mar, en busca de un mundo mejor. Dijo que a los tres días de navegación y muerto de sed, se encontró en alta mar con el “Al-Mari” y se subió a escondidas, abandonado el pequeño barquito de 15 caballos de su padre.

En su declaración señaló que los capitanes le golpearon y, por ser negro le encargaron que limpiara los vómitos del resto.

Todos aseguraron que deseaban ir a Europa, sin manifestar preferencia por ningún país en concreto, con el fin de poder trabajar y enviar dinero a su familia.

Con la petición del Ministerio Fiscal de una pena de 10 años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de su oficio por el mismo tiempo, el juicio quedó listo para sentencia.