El Consejo Constitucional francés validó ayer con ciertas condiciones el polémico uso de test de ADN previsto por la nueva ley de control de la inmigración para que los candidatos a la reagrupación familiar puedan probar su filiación con la madre instalada en Francia. En cambio, la máxima jurisdicción constitucional rechazó la recogida de datos sobre el origen étnico o racial de las personas que preveía la ley para medir la diversidad de los orígenes, la discriminación y la integración.

Adoptada por el Parlamento el mes pasado tras semanas de polémica, la ley impone nuevas restricciones a la reagrupación familiar, en consonancia con la política de «inmigración escogida» impulsada por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, que está resuelto a reducir la inmigración familiar y a potenciar la laboral.

La oposición de izquierdas y el líder centrista François Bayrou habían recurrido la ley ante la máxima jurisdicción constitucional, pidiéndole que rechazara los polémicos artículos sobre los test de ADN y la recogida de datos étnicos.