París – El Consejo Constitucional francés validó ayer con ciertas
condiciones el polémico uso de test de ADN previsto por la nueva ley de
«control de la inmigración» para que los candidatos a la reagrupación
familiar puedan probar su filiación con la madre instalada en Francia. En
cambio, la máxima jurisdicción constitucional rechazó la recogida de datos
sobre el origen étnico o racial de las personas que preveía la ley para
medir la diversidad de los orígenes, la discriminación y la integración.
   Adoptada por el Parlamento el mes pasado tras semanas de polémica, la ley
impone nuevas restricciones a la reagrupación familiar, en consonancia con
la política de «inmigración escogida» impulsada por el presidente francés,
Nicolas Sarkozy, que está resuelto a reducir la inmigración familiar y a
potenciar la laboral.
   La oposición de izquierdas y el líder
centrista François Bayrou habían recurrido la ley ante la máxima
jurisdicción constitucional del país vecino, pidiéndole en particular que
rechazara los polémicos artículos sobre las pruebas de ADN y la recogida
de datos étnicos.
   El primer ministro, François Fillon, tomó
nota «con satisfacción» de que el Consejo validó «todos» los artículos que
figuraban en el proyecto original del Gobierno. Los relativos a los test
de ADN y las estadísticas étnicas fueron añadidos por parlamentarios.