R. P.

ZARAGOZA. El delegado del Gobierno en Aragón, Javier Fernández, se comprometió ayer a pedir al ministro de Trabajo, Jesús Caldera, que se levante la moratoria vigente para rumanos y búlgaros, por la que se tiene prohibida la contratación laboral libre para inmigrantes de esos países salvo que hayan entrado en los contingentes de extranjeros con derecho de trabajo en España. De esta forma, rumanos y búlgaros pueden entrar y residir libremente en España, por cuanto sus países pertenecen a la Unión Europea, pero no pueden acceder sin más a un empleo como cualquier otro ciudadano de la UE.

La Delegación del Gobierno en Aragón, sin embargo, se ha hecho eco de las demandas planteadas por las organizaciones agrarias. Este año, coincidiendo con la campaña de recogida de la fruta, denunciaron la falta de mano de obra y la imposibilidad de contratar a inmigrantes, a pesar de la existencia de ciudadanos rumanos y búlgaros sin empleo.

Ayer, Javier Fernández se reunió con representantes de las organizaciones agrarias, entidades humanitarias y agentes sociales para analizar los resultados de la última campaña agrícola y empezar a planificar la del próximo año. Según informó la Delegación del Gobierno, durante el encuentro la mayoría de los asistentes subrayaron la necesidad de levantar la moratoria – que en principio se estableció hasta el 1 de enero de 2009 – .

Contratos en origen

Las mismas fuentes indicaron que en lo que hubo coincidencia total fue en la necesidad de que los agricultores y las organizaciones que los agrupan planifiquen con tiempo las necesidades de mano de obra para evitar problemas de contratación cuando llega la campaña agrícola. Para ello, según la Delegación del Gobierno, los participantes en la reunión de ayer indicaron que la contratación en el país de origen de los inmigrantes y la fórmula del contingente – el cupo de trabajadores extranjeros previsto cada año a partir de las previsiones de cada sector económico – siguen siendo «herramientas fundamentales».

Este año, agricultores de zonas como el Valle del Jalón se quejaron de la falta de una normativa adecuada por parte de la Administración. Se puso de manifiesto hace sólo unas semanas, en plena campaña de recolección de la fruta y de vendimia. No había mano de obra disponible y algunos agricultores se arriesgaron a dar trabajo a inmigrantes sin papeles en regla. Eso les supuso el levantamiento de actas de inspección tras una campaña de controles en las que se movilizó incluso a la Guardia Civil. Los agricultores se movilizaron exigiendo a la Administración medidas más eficaces y advirtieron que no tiene sentido permitir la residencia a inmigrantes y, sin embargo, no darles la opción legal de trabajar.