palma. La Guardia Civil investiga a empresarios del sector agrícola de Zaragoza y Navarra por la financiación de una red de inmigración ilegal desarticulada recientemente que organizaba y facilitaba la llegada de pateras desde la provincia argelina de Dellys hasta las Islas Baleares.

La denominada operación Kaskai , puesta en marcha hace un año, supuso la reciente detención de once personas residentes en Zaragoza y Navarra: diez argelinos y un empresario español, cuyo objetivo final era la contratación ilegal de inmigrantes para que trabajaran en empresas de ambos territorios.

Los detenidos, según las investigaciones de la Benemérita, gestionaban la compra de embarcaciones, organizaban los viajes y ofrecían apoyo burocrático una vez que los inmigrantes llegaban primero a Baleares y, posteriormente, a la Península. Ahora, la Guardia Civil estudia la financiación de esta red por parte de empresarios cuya intención era que los inmigrantes llegaran a Mallorca, después a Barcelona vía marítima y, posteriormente, a la zona limítrofe entre la provincia de Zaragoza y Navarra.

De hecho, los inmigrantes llegaban a Mallorca y Menorca en embarcaciones que llevaban Global Position Sistem (GPS), con ropa para cambiarse al llegar a las islas y utensilios de aseo para mostrar un buen aspecto, e incluso se desplazaban en taxi desde el punto de la costa donde desembarcaban hasta la capital balear, lo que demuestra que llevaban dinero consigo.

El delegado del Gobierno en las Islas Baleares, Ramón Socías, ofreció ayer una rueda de prensa para dar cuenta de esta operación. En total, desde septiembre de 2006 han sido interceptadas siete embarcaciones procedentes de Dellys y han sido detenidos cerca de cien inmigrantes que fueron devueltos a su país de origen. El trayecto desde Dellys hasta la costa balear, de aproximadamente 275 kilómetros, y las buenas condiciones del mar Mediterráneo han propiciado que los “traficantes” hayan empleado esta ruta.

Por otra parte, el delegado del Gobierno cuestionó la condena de tres años de prisión al patrón español de una de las embarcaciones incautadas por transporte ilegal de inmigrantes desde Argelia hasta España. “Pensamos que el castigo debería haber sido más elevado” porque se trata de un delito contra el “tráfico de personas”, y los delincuentes que “trafican con personas deberían” pasar más tiempo privados de libertad, defendió el delegado del Gobierno, quien aclaró que respeta la referida sentencia.

En su intervención, Socías dijo que “al menos dos empresarios de Navarra y Aragón habrían financiado los viajes” de las pateras. >agencias