Giuliano Amato (Torino, 1938), dos veces presidente del Gobierno italiano y actual ministro del Interior, considera que el decreto para facilitar la expulsión de rumanos fue malinterpretado. “Nunca pensamos en expulsar a cientos de miles de personas. Sólo queremos desarrollar las vigentes directivas europeas”, dice. Pese a todo, la medida ha tenido ya, según él, efectos disuasorios, y en pocos días se han reducido tanto el número de rumanos en Italia como el número de delitos totales. En una entrevista concedida ayer a EL PAÍS y Le Monde, Amato afirma que el ingreso de Rumania en la UE ha roto los esquemas anteriores y ha generado el primer movimiento migratorio masivo a escala europea: “Bruselas debe hacer frente a ese problema”.

Pregunta. ¿Han tenido que moderar el alcance del decreto, a la vista de las reacciones en Italia y en toda Europa?

Respuesta. Absolutamente no. ¿Sabe qué ocurrió? Que un líder de la oposición, Gianfranco Fini, mencionó la cifra de 250.000 expulsiones, y esa cifra monopolizó los titulares. Pero nunca pensamos en expulsar a cientos de miles de personas, ni en proclamar una especie de estado de excepción antieuropeo. Sólo queremos desarrollar las directivas que están vigentes. Pienso en la directiva 38 de la UE, de 2004, que prevé el alejamiento de los ciudadanos comunitarios sin medios de subsistencia, la expulsión por via ordinaria, con 30 días de plazo para apelaciones, de comunitarios peligrosos para la seguridad pública, y, en casos especiales, la expulsión urgente, refrendada por un juez, en un plazo de 48 horas.

P. Pero el decreto italiano permite que las expulsiones sean refrendadas por un simple juez de paz.

R. Utilizamos para la confección del decreto algunas normas ya contenidas en la ley de inmigración aprobada por el anterior Gobierno. Esas normas son las referidas a la intervención del juez de paz, y a mí no me gustan. No estamos hablando de conflictos domésticos, sino de libertades y derechos fundamentales, y me parece mejor que la cosa quede en manos de la justicia ordinaria. Vamos a cambiar ese punto porque somos auténticamente liberales y garantistas, no porque hayamos cedido ante la extrema izquierda.

P. Italia ha proyectado una imagen xenófoba.

R. Existe en este país un fuerte sentimiento antirrumano, eso es innegable. Está ligado a un alto número de delitos. Rumanos, marroquíes y albaneses están relacionados con más de la mitad de los delitos cometidos por extranjeros. Y a la clase política le resulta fácil fomentar la xenofobia, aunque la gran mayoría de los rumanos sean trabajadores honestos.

P. Da la impresión de que se habla de los rumanos cuando, en realidad, se piensa en los rom, los gitanos procedentes de Rumania.

R. Ahí hay un equívoco. Los rom, los gitanos, suscitan hostilidad en toda Europa. Y sí, estadísticamente puede demostrarse que los rom cometen un alto número de delitos. Pero tienen a gala robar sin violencia. Los delitos que espantan a los italianos, los que generan miedo y alarma social, son los violentos. Los atracos que incluyen agresión, las violaciones, las palizas brutales como la que causó la muerte a Giovanna Reggiani en Roma. Y esos delitos con violencia no suelen ser obra de rumanos gitanos, sino de rumanos no gitanos.

P. El decreto fue redactado y aprobado en pocas horas, tras la agresión mortal a Giovanna Reggiani. ¿No hubo un poco de prisa y quizá de demagogia?

R. No. El contenido del decreto figuraba ya en el proyecto de ley sobre seguridad, enviado la semana antes al Parlamento. La emoción popular nos obligó a hacer el decreto, y la misma emoción popular suscitó expectativas exageradas. Nosotros tenemos una mayoría muy poco envidiable en el Senado, y nos cuesta conseguir que se aprueben nuestras iniciativas legislativas. Pareció apropiada la vía del decreto ley, para facilitar la aprobación y para demostrar que el Gobierno reaccionaba de inmediato ante un problema.

P. ¿Funciona el decreto?

R. Está vigente desde hace sólo diez días, a la espera de la aprobación parlamentaria y las posibles modificaciones, y ya ha tenido un efecto psicológico notable. Es un elemento de disuasión, porque ahora resulta claro que actuaremos con dureza contra los delincuentes. Carezco de cifras concretas, pero puedo decirle que salen menos emigrantes de Rumania hacia Italia, que algunos rumanos están abandonando Italia y que se ha reducido el número de algunos delitos, como los robos en domicilios.

P. ¿Bastaba un decreto sobre expulsiones para resolver una situación que su Gobierno definió como gravísima?

R. Nos encontramos ante un problema grande, enmarcado dentro de lo que llamamos globalización. En Rumania el desempleo es escaso, hay muchos puestos de trabajo. Ocurre que los salarios rumanos son bajos, y a los rumanos les compensa emigrar. Su puesto es ocupado por moldavos o georgianos, que a su vez salen ganando frente a los salarios de sus países. Eso no está directamente relacionado con la delincuencia, sino con las migraciones masivas.

P. ¿Ha respondido la Unión Europea ha su petición de ayuda de los gobiernos de Roma y Bucarest?

R. Por el momento no ha habido reacción, y lo lamento. La Unión Europea organizó las normas sobre libre circulación de personas pensando en casos individuales. Nunca se llegó a pensar en migraciones masivas, porque nunca ocurrían. Con cada ampliación se suscitaban temores a una invasión de irlandeses, o portugueses, o griegos, y luego no pasaba nada. En realidad, las diferencias salariales entre los antiguos países miembros y los nuevos no eran tan grandes como para justificar migraciones masivas. Ahora, con Rumania, las diferencias sí lo son. El flujo de rumanos es fortísimo, y dentro de él se camuflan muchos delincuentes. La UE debe hacer frente a ese problema, porque no estamos preparados para afrontar la situación. Debemos perfeccionar las normas europeas sobre movimientos de personas, incluyendo, quizá, los acuerdos de Schengen.