Aunque el Defensor del
Menor tiene como fin proteger
los derechos de la infancia en
ocasiones, como en la Cañada
Real, se encuentran con grandes
dificultades para lograrlo.
Carmen González reclama
mayor contunedencia policial
con los padres que inciten a los
menores a robar.
Hay uno 50 niños en la
Cañada que delinquen
incitados por sus familias,
no están escolarizados
ni tienen cubiertos sus
derechos básicos ¿por qué?
Es un problema difícil de abordar
en el que estamos trabajando
todas las instituciones.
Hay pocas salidas. Como son
menores de 14 años la policía
no puede detenerlos así que o
bien les devuelve al poblado o
los llevan a centros de primera
acogida de los que no tardan
en escaparse o son recogidos
por sus padres para que sigan
llevando dinero a casa.
¿Por qué no les quitan la
custodia a los padres?
Asumir la tutela de 200 niños
es inabarcable, hay que evaluar
cada caso en concreto.
Tendría que probarse que los
padres son los inductores del
delito y también que su modo
de vida les lleva a robar.
¿La Comunidad ha asumido
alguna tutela?
De los niños más pequeños sío
que se han asumido varias. Para
ello hay que demostrar que
los niños están en situación de
desamparo porque la mayoría
de las veces no lo están: les
quieren, les alimentan y a veces
sería peor para el menor sacarle
de su hogar. La Administración
no puede asumir la tutela
de todos los hijos de delincuentes.
No consiste en privar
al niño del afecto familiar, sino
en lograr que deje de robar.
¿Cómo se consigue?
Interviniendo en el poblado,
fomentando que vaya al colegio,
vigilar su salud, que los
padres reciban formación,
enseñarles a regularizar su
situación y ayudándoles a insertarse
en la sociedad.
Pero es evidente que no ha
servido durante tres años y
que la protección al menor
ha fallado ¿por qué?
Porque no estaba pensado
para esto, sino para menores
que quedaban desamparados,
sin familia… Estos son
niños que delinquen de forma
organizada, inimputables
porque son muy pequeños, y
que no encajan en el sistema
de protección.
¿Qué solución propone
entonces?
Habría que pensar en recursos
específicos para abordar
con más intensidad este problema
concreto. Los centros
que existen ahora son abiertos
y los niños no se quedan el
tiempo necesario para que se
les brinde la atención sanitaria,
educativa y especial.
¿Sería suficiente?
No. Desde la fiscalía de menores
también se debería hacer
una investigación a fondo
para implicara a los padres
como inductores y que pagasen
por ese delito. Creo que si
se les procesara, se pensarían
dos veces el mandar a sus hijos
a robar. Tendría un efecto
aleccionador y disuasorio para
que se planteasen otro modo
de vida. Falta contundencia
policial y mayor coordinación
de las instituciones.