Basalica, rumana de 26
años, y con dos niños pequeños,
dejó hace un mes su trabajo
de asistenta en uno de
los chalets ilegales de Cañada
Real. Su embarazo rondaba
los seis meses y estaba agotada.
La familia española gitana
para la que trabajaba le pagaba
20 euros por cuatro horas.
“La mujer me sigue llamando
y voy alguna vez porque necesitamos
el dinero”, asegura. A
su alrededor se arremolinan
sus niños de tres y cuatro años
y decenas de críos. Vive en una
chabola en una de las zonas
más degradas del poblado madrileño
de Cañada Real Galiana,
situado a menos de 10 km
de la Puerta del Sol.
Su casa, construida con chapas
de madera, tiene apenas
20 metros. Como las viviendas
del otro centenar de familias,
todas rumanas de etnia gitana,
que malviven en unos terrenos
que cuando llueve se convierten
en un lodazal. Otras 50 familias
se hacinan en naves industriales
del poblado. Unos
200 menores, la mayoría sin
escolarizar, viven con ellos.
Cada mañana, entre las 9 y
las 10, cerca de 30 rumanas,
con unos 40 niños suben a los
autobuses que paran en la vía
de servicio de la A-3. El destino:
la plaza del Conde de Casal.
Al llegar, unos corren a los
buses que van al centro, otros
al metro. Un grupo de siete menores
permanece en las marquesinas
donde cada 10 minutos
llegan nuevos convoyes
cargados de pasajeros. Los
críos, de 10 ó 12 años, aprovechan
el tumulto y birlan lo que
pueden. La Policía asegura que
lo hacen inducidos por sus padres.
“Les tienen más miedo a
ellos que a nosotros”, asegura
un agente.
Cuando hay menos viajeros,
los niños se dirigen a otros
puntos. Intentan meterse en el
metro, pero el guardia de seguridad
se lo impide. Si no les pilla
un policía, se quedan por los
cajeros de los alrededores o se
van al centro. Sobre las siete de
la tarde regresan al poblado.
“Los que delinquen son una
parte pequeña pero hay que
preguntarse por qué lo hacen o
por qué sus padres lo consienten”,
dice Jorge Fernández, párroco
de Santo Domingo de La
Calzada, la única iglesia católica
que hay en el poblado, donde
existen más de 2.000 viviendas
e infraviviendas ilegales.
El recorrido al contrario
nos da respuestas. Viven en la
peor zona del poblado, Valdemingómez,
donde hay unas
15.000 almas entre narcos,
yonquis, familias sin recursos
y otras con vidas normalizada.
Un viernes a las dos, un centenar
de niños que no llegan a la
altura de la rodilla corretean
entre los escombros. Basalica
recoge las toallas raídas y dos
hombres apuntalan su casa.
La miseria, caldo de cultivo
Para el párroco la situación de
miseria en la que viven es un
caldo de cultivo para la marginación.
Enumera uno a uno
“los despropósitos” que contribuyen
a esta situación: “Rumanía
es miembro de la UE desde
primeros de año pero la moratoria que hay hasta 2009, impide
trabajar a los que llegan
y se buscan la vida de manera
ilegal; algunos logran cobrar,
otros tantos no ven un duro”.
No tienen agua corriente y la
basura es el parque de juegos.
“Los niños no están desnutridos;
si sus padres no trabajan,
¿de qué comen?”, pregunta.
“No justifico que roben, pero
no podemos vivir de espaldas a
esta realidad”, denuncia.
Cada vez más pequeños
Los niños de entre 9 y 12 años
roban al despiste a los viandantes,
como si fueran unos Oliver
Twist modernos. Los que tienen
más de 14, dan el tirón.
Algunos amenazan con navajas,
según dice un policía. “Cada
vez son más pequeños y nos
sentimos impotentes, estamos
atados de manos y ellos lo saben”,
señala. Si ven a un menor
de 14 años delinquiendo
“intervienen para protegerle y
se comunica a los servicios sociales
de la Comunidad”, dicen
fuentes del cuerpo.
Si los niños tienen padres, la
Comunidad de Madrid no puede
asumir su tutela, explican
en la Consejería de Familia y
Asuntos Sociales. “La Administración
tutela a los menores en
situaciones extremas como los
abusos sexuales o de maltrato
físico”, añaden.
El párroco cree que la burocracia
es una traba para la normalización:
“Tardan cuatro
meses en lograr una tarjeta de
residente, sin documentación
no hay padrón, y no existen;
oficialmente son invisibles, así
es fácil no ver el problema”. Lamenta
que pase a menos de 10
kilómetros del centro, donde
está el Congreso de los Diputados
y las sedes del Gobierno regional
y del Ayuntamiento.
Gerardo, un charcutero de
Conde de Casal al que compran
el bocadillo a diario, los
conoce por su nombre: Isaac,
Zidane, David, Leonard…
“Apunto a los que me deben dinero”,
dice enseñando un papel,
“siempre acaban pagando,
si no, saben que no vuelven a
entrar”. Si alguno deja de pagarle,
los demás le obligan a
saldar la deuda. “El grupo de
Zidane es la cuarta promoción
que pasa por la tienda. Si fueran
al colegio serían los más listos
de la clase”, se lamenta.