El hacinamiento de inmigrantes en las viviendas es una de las principales preocupaciones de los Ayuntamientos valencianos, especialmente de aquellos como Xàtiva, Alzira, Gandia o Valencia donde ya se han dado casos de hasta más de 60 personas en un mismo domicilio.

Por este motivo, los funcionarios del padrón tienen una nueva obligación. Cuando detecten que en algún domicilio viven o haya registradas 10 personas o más, deberán de avisar inmediatamente a los responsables municipales para que finalmente la problemática se traslade a la Delegación de Gobierno y, por tanto, al Ministerio de Interior.

Hasta ahora, algunos Consistorios valencianos no prestaban demasiada atención al padrón. Sin embargo, los últimos casos de hacinamientos de inmigrantes, especialmente los que se han producido en Gandia y Xàtiva, han levantado la voz de alarma entre los responsables municipales.

La situación se repite cada vez con mayor frecuencia. Los pisos en los que viven, o mejor dicho malviven, varias personas son ya demasiados y los perjuicios no son solamente para los residentes de ese inmueble sino también para que los que se encuentran a su alrededor.

Situaciones en las que el mismo baño es compartido por varias personas, las condiciones de salubridad no son buenas, la utilización de bombonas de gas en cocinas sin ventilación y un sinfín de deficiencias son la norma casi habitual de estos inmuebles.

Además, en algunos casos este control del padrón tampoco es suficiente puesto que, en ocasiones, las personas que residen en estos domicilios no están registrados en el censo o incluso realizan turnos exclusivamente para dormir. Situaciones extremadamente difíciles de controlar.


El proceso

El primer paso para tratar de atajar este problema de difícil solución es comunicar, primero a la Policía Nacional y después a la Delegación de Gobierno, todos los casos de hacinamientos que se detecten bien a través de la vigilancia o bien por medio del exhaustivo control del padrón.

Para que este trabajo obtenga los mejores resultados, los agentes de las policías locales y nacionales aumentarán su coordinación con el objetivo de tener más vigiladas las zonas en las que puedan encontrarse estas viviendas con inmigrantes hacinados y también para incrementar las inspecciones en los domicilios.

Son los agentes del Cuerpo Nacional de Policía los que pueden desalojar a los inmigrantes en el caso de detectar el problema y, si procede, detener a aquellos que estén ilegales.

En este caso es cuando desde la Conselleria de Inmigración se puede actuar, garantizando el alojamiento y la manutención para las personas que estén en situación de irregularidad.

Los efectivos de la Policía Local de los diferentes municipios solamente ayudan a la identificación de algunas de estas personas, cuando así se lo requieren, ya que éste no es uno de sus cometidos.


Actuación municipal

La alcaldesa de Alzira y presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Elena Bastidas, apuntó que los Ayuntamientos “deben de ser capaces de detectar los hacinamientos de inmigrantes y para ello es necesario tener un mayor control sobre el padrón”.

Los equipos de gobierno de ciudades como Valencia y Gandia ya trabajan desde hace algún tiempo en este sentido.

En la capital de la Safor, el concejal de Servicios Básicos al Ciudadano, Vicent Mascarell, reconoció que en la ciudad “existen unos cuantos pisos patera”. Para poder dar con ellos, el Ayuntamiento posee un sistema informático que detecta que no puedan haber más de 12 personas en un mismo piso. También hay una comisión formada por varios profesionales que permite detectar estos inmuebles.

Incluso el Consistorio intensifica la vigilancia en estos pisos a través de policías locales de paisano. Cuando se ha examinado la situación se emiten informes. Según el PP, en Gandia existen actualmente 13 de estos pisos patera.

Cuando se da con uno de estas casas se pone en conocimiento de la comisaría de la Policía Nacional y, si los agentes lo consideran, acuden y los identifican, deteniendo a los que están ilegales, como ocurrió en el último piso que se detectó en la población.

En el Ayuntamiento de Valencia también está trabajándose para tratar de atajar estos hacinamimentos. De momento, el Consistorio ha encargado a sus servicios jurídicos que busquen las fórmulas adecuadas para limitar los empadronamientos de más de 15 personas en una misma vivienda.

No obstante, existe una problemática. En su día, el concejal de Administración, Vicente Igual, ya manifestó que legalmente no podían impedir que un individuo se empadrone en una casa, aunque ya existan muchas más viviendo y acaben hacinadas.

El Ayuntamiento de Valencia ya ha tramitado varios expedientes de inmuebles que están habitados por 10, 15, 20 e incluso hasta 25 personas. Situaciones como esta se repiten mes tras mes.