Los españoles somos, probablemente, la gente más solidaria con los inmigrantes de cualquier clase y condición. No hay más que ver el recibimiento humanitario a los supervivientes de la penosa travesía clandestina entre África y la Península. Ni siquiera la horrible matanza en la Casa de España en Casablanca en mayo de 2003 y la espantosa masacre de Atocha un año después han quebrado por fortuna ese espíritu, al contrario de lo que hubiese sucedido en otros países.

La solidaridad y la humanidad no deben confundirse, sin embargo, con la apatía o la inanidad. Hay que tomar disposiciones para evitar que lo que en principio no supone ningún problema pueda derivar en un conflicto. De ahí el aviso del conseller de Gobernación, Serafín Castellano, de que “los esfuerzos de vigilancia del litoral valenciano no son suficientes”, ante la incipiente avalancha de pateras. Su admonición ha sido refrendada por el vicepresidente y portavoz del Consell, Vicente Rambla, que advierte de que “no se trata de un hecho anecdótico”.

Ahí tenemos, si no, lo que ocurre en Italia, con un desorbitado decreto de expulsión de rumanos que el propio primer ministro de izquierdas, Romano Prodi, ha debido suavizar para que no se rompiese su frágil Gobierno. Al final, en un comunicado con su homólogo rumano, Tariceanu, se alude a tres medidas inevitables: 1) “favorecer la integración social” de los inmigrantes, 2) “gestionar el mejor modo de retorno” de los “que no están en condiciones de mantenerse” y 3) “regular los flujos migratorios”. Casi nada.

Nosotros no hemos padecido casos tan urticantes como los últimos delitos ocurridos en Italia. Aquí, todos reconocemos los efectos benéficos de una inmigración que se ha ocupado de tareas que los nativos no queríamos hacer y que merced a sus aportaciones las arcas de la Seguridad Social no están vacías. Por eso mismo, en una encuesta del Instituto Opina un 46,8 por ciento de valencianos considera positiva la llegada de inmigrantes, frente a un 30,8 que la cree negativa. En cualquier caso, todos coinciden en que hoy día constituye el principal problema de la Comunitat, por delante del agua, la vivienda y el paro.

Ojo, pues. Hace dos años, el ministro Jesús Caldera hablaba de que España podía acoger hasta un 10 por ciento de población inmigrante. Y ese porcentaje ya se ha superado. También es significativo que un tercio de la población reclusa sea foránea y que casi la mitad de delitos en las grandes ciudades los cometen hoy día extranjeros. Son indicios de una condición marginal, pero significativos. Por eso, ¿qué hay de malo en preferir y fomentar la llegada de inmigrantes cualificados que de aquellos otros que se verán abocados a la indigencia? España ha exportado grandes cerebros, como Santiago Grisolía o Valentí Fuster, entre muchos otros, que luego regresan aún más preparados para ayudarnos a mejorar.

No tenemos datos estadísticos, por desgracia, de cuáles son los deseos de integración de los inmigrantes. Sólo se sabe que la mayoría de ecuatorianos —un colectivo que por lengua, cultura, tradición y costumbres es más asimilable que el subsahariano— aspira a volver a su país cuando pueda. ¿Y los demás? No sería nada mala su intención de quedarse, pero me temo que los magrebíes, por ejemplo, pretendan permanecer aquí sin integrarse, enquistándose en guetos problemáticos. Qué más quisiera uno que en su momento el presidente de la Generalitat se llamase Yusef Al Katib u otro patronímico árabe, pero no es probable.

Ni siquiera parece cercano el día que en España pueda haber ministros como Rachida Dati, la magrebí del gabinete de Sarkozy. Pero es que por cultura y tradición existe un África francófona no tan ajena a su antigua metrópoli. El difunto ex presidente senegalés Léopold Sédar Senghor fue un gran poeta en lengua francesa y el maliense Yambo Ouologuem obtuvo con su Le devoir de violence el primer premio Renaudot de un africano.

Aquí, el abismo cultural es muy difícil de superar. Ésa —además de impedir la llegada de ilegales— debe ser la gran preocupación de un Gobierno que, en cambio, va resolviendo los problemas a trancas y barrancas, sólo después de que emergen como engañosos icebergs. Por eso resulta de agradecer que, en el ámbito de sus escasas competencias, el Consell de Francisco Camps, se anticipe a lo que se avecina y haya creado una Conselleria al efecto, con alguien tan cualificado como Rafael Blasco al frente.

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