En nuestro sistema democrático el origen del poder está sin duda en el pueblo, en los ciudadanos que votan y que pueden sancionar o refrendar las políticas desarrolladas o propuestas por los distintos partidos. Sin embargo se exige del político un mayor conocimiento de los problemas y un mayor grado de moralidad para que su acción no se vea impelida contra sus propios principios, que en el fondo deben emanar de los principios éticos plasmados en los derechos humanos fundamentales, de forma que no se deje deslumbrar incondicionalmente por lo que pidan sus votantes. Del político se espera por lo tanto que sepa no dejarse seducir por el aplauso de los votos, y que al mismo tiempo sepa convencer a sus votantes, siempre con una perspectiva educativa y moral, de los fundamentos éticos de sus posiciones menos populares.

Desde esta perspectiva, la defensa del inmigrante siempre resultará imprescindible, pues cualquier medida represiva, siempre va a obtener más aplausos, que el más mínimo discurso que insinúe un simple compartir nuestra riqueza. Y es que en qué poco tiempo hemos pasado de pobres inmigrantes que se conformaban a dormir bajo techo aunque fueran en la cuadra del patrón, a ricos capaces de compartir lo mucho que nos sobra.

En una situación similar a la de nuestros paisanos hace bien pocas décadas, se encuentran los inmigrantes rumanos, de quienes parece que proceden todos los males sociales que tenemos. Por ello mismo el hecho de que un inmigrante de dicha nacionalidad haya asesinado a una italiana ha desatado la caja de Pandora contra ellos exclusivamente, sin discriminación alguna entre personas. Como si no existiesen más muertos que los que matan los inmigrantes, como si todos los inmigrantes fuesen rumanos, y todos los rumanos asesinos.

Y a pesar de las raíces fundamentalmente socialistas del gobierno de Prodi se ha desatado una caza de brujas, que parece vaya a ser bendecida por la aprobación por vía de urgencia de un decreto ley que permita a la policía aplicar a los ciudadanos rumanos comunitarios los mismos principios de deportación que con los extracomunitarios, pudiendo criminalizar por lo tanto a un colectivo por los delitos de algunos de sus miembros, como propone el fascista Fini, pretendiendo poner en la frontera unos 20.000 rumanos, delincuentes o no.

Intentar legislar por vía de urgencia ante hechos candentes en la opinión pública y sin suficiente perspectiva hace que muchos expertos estén intuyendo ya la incompatibilidad de dichas medidas con la legislación europea, o con la misma legislación italiana.

Quizás pueda servirles de ejemplo el hecho de nuestra propia situación española en donde, a pesar de los pretendidos bloqueos institucionales partidarios, algunos artículos de la ley de inmigración del 2002, del gobierno del Sr. Aznar, han resultado inconstitucionales para nuestro Tribunal Constitucional.