El Gobierno sólo ha autorizado 33 contratos de temporada para extranjeros en la campaña de cítricos que acaba de comenzar. Los sindicatos agrarios no disponen del número exacto, pero aseguran que la naranja exige “miles” de manos. El Ejecutivo asegura que se rechazaron centenares de solicitudes para evitar “fraudes”. Pero reconoce que la contratación de temporada en origen “se adapta mal” a las necesidades de la campaña.

La recogida de la naranja, igual que la vendimia, es uno de los grandes agujeros negros de la legislación laboral; un buen número de empleadores saca partido de la situación irregular de los inmigrantes y los pone a trabajar por salarios muy inferiores a los legales.

¿No fomentan las denegaciones de autorizaciones esas prácticas? El Gobierno, que ha preparado 15 grupos de inspección de trabajo para detectarlas en las comarcas de Valencia y Castellón, se esfuerza en explicar que no. En los próximos meses habrá cientos de inmigrantes trabajando en los campos de naranjos, pero la mayoría, asegura, no serán sin papeles: la última regularización extraordinaria y la ralentización de la construcción habría generado una importante “bolsa” de extranjeros que ya cuentan con autorización de trabajo dispuestos a ganarse el jornal en actividades agrícolas. Y la inspección, añade, será “flexible” con aquellos que, por tener el permiso desde hace menos de un año, tienen restringida la actividad a una sola área laboral.

La mayor parte de solicitudes que fueron rechazadas seguían el mismo patrón: las presentaban empresas de trabajo temporal (ETT) que solicitaban la contratación de una persona con nombre, apellidos y nacionalidad concretos sin especificar la firma o cooperativa en la que iban a recalar.

El complicado modelo de contratación en origen exige, en cambio, que la solicitud sea genérica. Es decir, que se indique tan solo el número de temporeros requeridos. De la “selección” se encarga el Ejecutivo a través de los servicios consulares. Es necesario, además, que se indique expresamente en qué empresa y por cuánto tiempo van a trabajar, que el empleador garantice el alojamiento y que corra con parte de los gastos del traslado de ida y de vuelta.

Todas esas condiciones, reconoce la delegación del Gobierno, hacen en la práctica casi imposible que los dueños de parcelas de pequeño y mediano tamaño, que no suelen necesitar la mano de obra más allá de dos o tres semanas, se animen a seguir este camino. Muchos empleadores desconfían, además, de la perspectiva de contratar a personas a que no conocen, sin haber tenido tiempo siquiera de echarles un vistazo antes de subirlos a una furgoneta. “Es un tipo de contrato que se adapta mal al sector citrícola pero que en cambio se adapta muy bien, por ejemplo, al sector de los viveros, en el que hemos tramitado muchas solicitudes”, afirma una fuente del Ejecutivo.

El Gobierno justifica las dificultades establecidas para la contratación de temporeros de la naranja en la lucha contra el fraude. Afirma que bastantes de las supuestas ETT solicitantes sólo se dedican, en realidad, a facilitar la entrada de ciudadanos extranjeros; son agencias de viaje que llegan a cobrar “10.000 o 15.000 euros” por traerlos, cuando las ETT deberían obtener márgenes mucho menores de los empleadores.

Existen, finalmente, casos excepcionales. La Unió de Llauradors ha traído a 150 trabajadores extranjeros a través de un programa de codesarrollo, subvencionado por el Consell, que enlaza la campaña de la vendimia con la de la naranja. Los inmigrantes reciben cursos de formación durante su estancia y siguen vinculados al proyecto al regresar a su país de origen.