vitoria. Un empresario de la construcción y un letrado, ambos vecinos de Vitoria, han sido puestos a disposición judicial imputados por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, amenazas y coacciones. Ambos están acusados de exigir dinero a trabajadores inmigrantes para, supuestamente, formalizar sus contratos, según informó la Delegación del Gobierno en el País Vasco.

El arresto de J.G.D.A., un empresario de 52 años, y del letrado J.P.A.P. se produjo fruto de la investigación policial llevada a cabo por la Brigada de Extranjería y Documentación de la Jefatura Superior del País Vasco de Vitoria, que se inició en el mes de julio, tras tener conocimiento de que el empresario contrataba extranjeros sin la documentación necesaria para trabajar por cuenta ajena, además de aprovecharse de la precariedad, necesidad y falta de arraigo de sus víctimas.

Cuando el empresario fue requerido por los trabajadores para regularizar su situación, “la respuesta era la amenaza, explicándoles que ese proceso suponía un desembolso económico importante, exigiéndoles sumas de dinero que oscilaban entre los 4.800 y los 6.000 euros”, explicó la Delegación de Gobierno.

Dichas cantidades debían ser abonadas por los empleados para que el empresario, supuestamente, realizase los trámites necesarios para formalizar el contrato. La persona encargada de gestionar los documentos era el abogado J.P.A.P., a quien el empresario ponía en contacto con los trabajadores. Éste exigía a los extranjeros cantidades que oscilaban entre los 500 y 1.000 euros para iniciar los trámites.

De las pruebas que obran en poder de la investigación y de los indicios probatorios, se desprende que la diferencia de salarios entre legales e ilegales “era abusiva, desproporcionada y de auténtica explotación”. Con la instrucción de las diligencias, finalizadas el pasado 31 de octubre, y la puesta a disposición de los presuntos autores del ilícito penal, se da por finalizado el operativo policial.