Las imágenes de la agresión a la menor ecuatoriana en un vagón de los Ferrocarrils de la Generalitat han causado un gran impacto en la cúpula del Poder Judicial, que ha abierto una investigación para aclarar por qué se actuó con retraso y sin que aparentemente se le diera al caso la importancia debida. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió una información previa por la que se le van a pedir explicaciones al juez.

La tramitación de esta información puede tardar alrededor de un mes. La decisión fue tomada de oficio por el jefe del servicio de inspección, José María Gil Sáez, quien ayer recibió también una petición en el mismo sentido de parte del vicepresidente del consejo, Fernando Salinas, y del vocal Félix Pantoja.

La apertura de esa investigación no prejuzga que exista ya el convencimiento de que existen responsabilidades, pero el criterio generalizado en el consejo es que, aunque sea por una concatenación de circunstancias, las cosas no se afrontaron bien. Lo que busca el consejo es hacer luz sobre el episodio y facilitar que se tomen medidas para que casos así no se repitan.

Se admite, por ejemplo, que no hubo una correcta coordinación entre el juez y la fiscal. La ausencia de un miembro de la fiscalía en la toma de declaración del agresor impidió que la acusación pública tomara en los primeros momentos alguna iniciativa en las diligencias. Un punto clave de la investigación que ahora se inicia será, por tanto, aclarar qué tipo de comunicación hubo entre juez y fiscal. Lo que se busca, en suma, no es cargar las tintas sobre uno u otro, sino esclarecer los fallos que pudo haber en la tramitación inicial.

En medios del consejo se confía en poder cerrar la investigación sin atribución de responsabilidades al juez, que es quien debe dar cuentas ante el órgano de gobierno de la magistratura. Pero no se descarta que el episodio sirva para hacer recomendaciones sobre cambios legislativos, a tenor de las disfunciones que se aprecien. Entre esos cambios podría contemplarse un cambio en el Código Penal para que tengan mayor seguridad las personas que sufren una agresión. El portavoz del consejo, Enrique López, estimó en este sentido que ahora existe una mayor protección ante ciertos delitos contra la propiedad.

Que hubo disfunciones, en todo caso, lo reconoció ayer el propio presidente del consejo y del Tribunal Supremo, Francisco Hernando, quien manifestó que no se midieron bien “los tiempos” del proceso judicial. Lo explicó afirmando que el asunto habría tenido que afrontarse “inmediatamente”. Hernando deslizó en sus declaraciones un cierto reproche a la fiscalía, al afirmar que la fiscal hubiera debido personarse en el juzgado cuando se tomó declaración al agresor. Y añadió que ahora “ha rectificado”. Hernando admitió que las imágenes de la agresión han impactado “mucho más” que el mero conocimiento del caso, pero subrayó que la justicia no debe reaccionar “a golpe de nada”, sino “con la prudencia y la mesura que requieren los derechos individuales que están en juego”.

Cuando el servicio de inspección del consejo termine su investigación, propondrá a la comisión disciplinaria el archivo del caso o las medidas de sanción que estime oportunas. Pero no será antes de un mes.