Madrid, 2006: un 61% de los detenidos y puestos a disposición judicial fueron extranjeros. Lo explicó ayer el fiscal jefe, que sorprendió en la apertura del año judicial con duras valoraciones sobre los ‘nuevos madrileños’: «La incidencia de la inmigración en la delincuencia es cada vez mayor», dijo
La política menos correcta irrumpió ayer como un elefante en la cacharrería judicial madrileña en la apertura del año en el Tribunal Superior de Justicia. Fue por boca del fiscal jefe, Manuel Moix, que no tuvo inconveniente en ponerle una vela a Dios y otra al diablo para hacer un diagnóstico de urgencia de la delincuencia y el delito en la Comunidad de Madrid.

Moix expuso sin ambages la situación: en Madrid, en 2006, un 61% de los detenidos eran inmigrantes, y también un 60% de los agresores de género. Más: un 56% de los menores internados son extranjeros.

Expuesto lo cual, y para poner los puntos sobre las íes, Moix repuso: «Ello no quiere decir que debamos equiparar extranjero y delincuente, nada más lejos de la realidad. Es más, el fenómeno es positivo, por el enriquecimiento de culturas, por el apoyo que supone para la economía y por la posibilidad de que España pueda mostrar su generosidad. Pero no podemos desconocer la realidad objetiva».

Y, en esa realidad objetiva, Moix relacionó delito y extranjeros con claridad meridiana: «La incidencia de la inmigración en la delincuencia es cada vez más acusada», subrayó el fiscal jefe, que habló también de la «impunidad» creada por «la desaparición del concepto de frontera».

Moix fue incluso más allá e hizo consideraciones sobre las vertientes penales de las culturas autóctonas de los inmigrantes, trazando todo un choque de civilizaciones jurídico: «Las distintas concepciones culturales propias de quienes llegan a nuestra región chocan a veces con la imperante en España, ocasionando que conductas o reprochables o levemente sancionables en los países de origen merezcan en España un castigo más severo».

Con corrección política o no, el fiscal jefe apoyó sus aseveraciones en cifras. Uno de cada tres presos en cárceles españolas, un 32%, es extranjero, expuso. La población reclusa inmigrante creció en 2006 un 9,4%, por un 2,2% la española. Un 55,82% de las víctimas de violencia doméstica son extranjeras, frente a un 44,18% de españoles. En cuanto a la violencia no de género, las víctimas fueron extranjeras, en 2006, en un 44,18%.

Moix no se dejó nada en el tintero, con una franqueza que sorprendió a muchos de los presentes: «Marginación y delincuencia tienen su caldo de cultivo en la entrada incontrolada de extranjeros, pues aquellos que se encuentran en situación irregular, cada vez en mayor número, ante la imposibilidad de obtener un trabajo, se convierten en víctimas propiciatorias de explotación sexual o terminan acudiendo al delito para procurarse el sustento diario».

Por países, Ecuador se lleva la palma en contribución a esta delincuencia inmigrada: cerca de un 15% de los detenidos por delitos son de dicha nacionalidad, seguidos de lejos por bolivianos en un mucho menor 3,6%.

Moix se quejó también del aumento total de asuntos para la fiscalía, de un 11,03%, y en eso coincidió con el presidente del Trbiunal Superior de Justicia (TSJ), Javier María Casas, que reclamó a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, también presente, más recursos para la Justicia.

Casas alertó sobre la enorme cifra de asuntos pendientes en el conjunto de órganos judiciales madrileños: hay 420.730 asuntos pendientes, «casi 29.000 más que el año anterior, cifra de pendencia más elevada que nunca. «Una Justicia tardía, como tantas veces se ha dicho, ni siquiera es Justicia», sentenció demoledor el presidente del Tribunal.

Casas tomó como referencia «la Comunidad de Cataluña, que es la que más se aproxima en población e industrialización», para ilustrar a Aguirre sobre la situación. Y comparó: en Madrid hay 409 órganos judiciales por 522 en Cataluña, pero el número de asuntos ingresados fue asimétrico: los juzgados madrileños registraron 1.226.392, mientras los catalanes 1.210.475.

Madrid ingresó 204 asuntos por cada 1.000 habitantes, mientras que Cataluña se quedó en 169. Aún así, en cuanto al nivel resolutivo medio, los jueces madrileños se mostraron más eficientes que sus homólogos catalanes: la media en Madrid fue de 2.998,5 asuntos resueltos por cada juzgado, mientras que en Cataluña fue de 2.318,9.

Amén de saludar con absoluto optimismo al Campus de la Justicia ya en construcción, Casas no puso paños calientes para valorar la «muy deficiente» situación de las instalaciones de la judicatura en la capital: «Nuestras 19 sedes están dispersas, anticuadas e inadecuadas». Además, Casas tachó a los funcionarios interinos como «una verdadera rémora» y se felicitó de que en el futuro se les elija en función de su «mérito y capacidad».