SANTIAGO TARÍN – Barcelona

El TSJC dice que el fiscal no fue a la declaración y la fiscalía afirma que revisará el caso
La fiscalía estudia revisar la agresión sufrida por una menor ecuatoriana en un convoy de los Ferrocarrils de la Generalitat. El presunto atacante, captado por una cámara de seguridad del tren, quedó en libertad sin fianza sin que se celebrara comparecencia alguna para discutir su situación. Fuentes jurídicas consultadas afirmaron que el sistema ha fallado en su respuesta al asunto.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hizo pública ayer una nota señalando que el atestado se dilucidó en el juzgado de guardia de Sant Boi, donde al acusado se le impuso la condición de comparecer cada quince días en las oficinas judiciales. “El fiscal no asistió a la declaración del imputado pese a tener conocimiento del caso”, reza el texto. El portavoz del ministerio público explicó que la fiscal estaba, en el momento en que el hombre declaraba en el juzgado, participando en unas entradas y registro por un delito de narcotráfico en otra población y señaló que, efectivamente, podría haber pedido la comparecencia, pero que también puede ser instada de oficio por el juez si éste hubiera considerado que el tema era grave. Fuentes de la fiscalía añadieron que su delegada en la zona no conocía el alcance de los hechos, aunque la nota del TSJC dice que sí.

Los fiscales destinados fuera de Barcelona capital suelen tener que cubrir juzgados de varias poblaciones. Desde distintas instancias judiciales se ha puesto de relieve también la carencia de medios en oficinas judiciales de la provincia, tanto en lo que respecta a jueces como en personal administrativo. Pero el caso es que la agresión fue despachada rápidamente y sin la posibilidad de discutir posibles medidas más coercitivas, a pesar de la crudeza de las imágenes. De hecho, el asunto se ha removido tras difundirse la filmación de las cámaras de seguridad, donde se observa cómo la menor es pellizcada y recibe una patada en la cara. Sin ella, es posible que el asunto hubiera pasado inadvertido.

El portavoz de la fiscalía informó de que el departamento está revisando el atestado y que se solicitarán informes a los forenses, para que detallen los daños físicos y psíquicos sufridos por la joven. El delito de lesiones viene agravado cuando se producen cicatrices o deformidades, porque, si no, las diligencias pueden acabar en una falta. Pero la petición de un informe psicológico no es baladí, porque en las últimas reformas del Código Penal se equipararon los daños físicos con los psicológicos. Es decir, que si una persona sufre una agresión que no le deja secuelas físicas pero sí psicológicas demostrables (como miedo o ansiedad), el atacante puede enfrentarse a una petición de pena que va de dos a cinco años.

Las fuentes de la fiscalía añadieron que revisarán el caso y que, de considerarlo oportuno, promoverán “medidas más duras” y actuarán en consecuencia para perseguir actuaciones racistas o xenófobas. La misma fiscal jefa, Teresa Compte, declaró ayer a la cadena Ser que la respuesta que dará su departamento tendrá “todo el rigor necesario” porque estas agresiones son “absolutamente intolerables”.

La nota del TSJC explica que el juzgado de guardia ha remitido la causa al juzgado número 2 de Sant Boi, que se hará cargo de su tramitación. Xavier M. M. declaró ante el magistrado que no recuerda nada de los hechos porque estaba borracho. Tiene que presentarse cada quince días. Fuentes jurídicas consultadas señalaron que no se podía hacer mucho más. Pero otras han destacado el hecho de que ni siquiera se convocara una comparecencia para que el fiscal y la defensa se expresaran sobre cómo debía desarrollarse el asunto. Sea por lo que fuera, como la falta de medios o la consideración de que el asunto no era grave, estas fuentes creen que, esta vez, el sistema falló.