“Sólo les falta pegarme un tiro. Ya no me queda nada, ni casa ni furgoneta”. Abdul Ghailan, de 30 años, perdió el pasado jueves su vivienda de la Cañada Real Galiana, que fue derribada por una grúa municipal. Ayer, un control policial le arrebató también su medio de vida, una furgoneta que utiliza para llevar material de construcción. No tenía la documentación, perdida, según asegura, entre los escombros de su casa. Enseñó el seguro, a su nombre, pero no fue suficiente.

La policía no deja de vigilar la zona de la Cañada en la que vivía Abdul, la parte norte del poblado. Por la mañana, la Policía Nacional paró y cacheó a los vecinos. Algunos aseguran que hubo cuatro detenidos, extremo que la policía no confirma. Por la tarde, 20 vehículos de policía nacional antidisturbios, municipal y guardia civil llegaron sobre las seis a uno de los accesos, parando a los conductores y registrando los coches de todos los que regresaban de trabajar a sus casas. “Sólo es un control rutinario”, indicó un agente.

La noticia de la llegada de los furgones corrió como la pólvora por la Cañada. Los vecinos decidieron meterse en sus casas ante el temor de una carga policial. “¡Vienen a por nosotros!”, gritaba una mujer, muy nerviosa. “Luego dicen que les provocamos, pero llevamos toda la tarde aquí tranquilos y mira…” Por la rendija de la puerta de una casa se veían los ojos de una niña marroquí muy asustada.

En la Cañada Real viven, según cálculos policiales, unas 40.000 personas en viviendas ilegales que se han ido asentando en la zona desde los años 70. Los vecinos saben que no tienen derecho a estar allí y que en cualquier momento el Ayuntamiento podía decidir tirar abajo sus casas. Pero no entienden por qué ahora ni por qué se ha derribado sólo la casa de un marroquí, aunque haya una orden judicial. “Creo que es un error político muy grande lo que ha ocurrido”, razonaba ayer Kamal Rahmouni, presidente de Atime, la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España. “Y en el contexto de islamofobia que vivimos esto no ayuda nada. Las administraciones tienen que ponerse de acuerdo y plantear ya una solución para todos estos vecinos, españoles, marroquíes y de otras nacionalidades, que llevan muchos años viviendo aquí con sus hijos. No se les puede echar a la calle sin más cuando ellos han permitido que esto crezca sin límite durante más de 30 años”, añade.