La familia de Jaime Jiménez que, por el momento, reside en el asentamiento gitano de O Vao (Poio), no podrá adquirir la vivienda sobre la que habían presentado ya una opción de compra en el lugar de Vilarcháns, en el municipio de Pontecaldelas. Ayer mismo, el abogado que representa a la familia Jiménez, Fernando Romay, afirmó que la propietaria “ya no se la quiere vender”, después de que ella misma reconociese sentirse abrumada por la expectación levantada. Los 130 vecinos de Vilardecháns están dispuestos a pagar a escote los 240.000 euros que cuesta la vivienda.
Los vecinos sostienen que no actúan por racismo sino para impedir que se instale en su pueblo “nuevo O Vao”, con todos los conflictos derivados del tráfico de drogas que han jalonado la historia del poblado de Poio. El alcalde de Pontecaldelas, el popular Perfecto Rodríguez, prefiere mantenerse al margen de la polémica pero afirma “comprender” los temores de sus vecinos.

El proceso de realojo de las nueve familias de O Vao (Poio) que el día 31 de octubre perderán sus chabolas, sobre las que pesa una orden de derribo, se complica por momentos. El alcalde de Poio, el nacionalista Luciano Sobral, se reunió ayer con algunos de los gitanos afectados para poner sobre la mesa dos nuevas ofertas de compra, dentro de la propia comarca, que ahora estudiarán los interesados, todavía alterados por el rechazo en bloque de los vecinos de Vilarcháns. El regidor reconoce que los gitanos se sienten “indefensos y enfadados” y confiesa que la tensión de los últimos días no ayuda a encontrar una salida.

En tanto la empresa de demolición “ya está avisada”, si llegado el día los afectados no tienen un techo, el gobierno local dará parte a la Audiencia Provincial “para que sea el juez quien decida”, al entender que quedarían en situación de “desamparo”. Este polémico suceso destapa una realidad que trae de cabeza al alcalde de Poio, y es la imposibilidad de realojar a los perjudicados que, acaso “más por miedo que por racismo”, dice Sobral, no son admitidos en régimen de alquiler y disponen de escasas opciones de compra. De los once expedientes abiertos, sólo dos familias chabolistas han conseguido, tras meses de búsqueda, un domicilio alternativo.

A pesar de la insistencia de los vecinos de Vilarcháns en desvincular su decisión de cualquier contenido racista, las asociaciones que engloban al colectivo gitano de Galicia no han tardado en reprobar su postura. Así, la Asociación Pueblo Gitano de Galicia, a través de su presidente, Sinaí Jiménez, ha manifestado su decisión de denunciar los hechos ante el Valedor do Pobo y solicitar entrevistas con el presidente y el vicepresidente de la Xunta a fin de que “se proteja al pueblo gitano de estos ataques racistas”. Jiménez recalcó que “se trata de una familia trabajadora y honrada” y matizó que los temores en Vilarchán se basan en datos “falsos, racistas y discriminatorios”. “Están acusando a una familia sin conocerla”, aseveró. “Yo los conozco y son gente trabajadora y humilde que se dedica a las ferias y a la chatarra”. Esta asociación está estudiando plantear una denuncia por vía judicial contra los vecinos de Vilarcháns por entender que se ha vulnerado la Constitución.

El rechazo a la familia Jiménez ha causado “rabia, dolor e impotencia” en los afectados, según Santiago González, presidente de la Fundación Secretariado Gitano,.ya que “ellos hacen un esfuerzo importante al partir de una situación de desventaja”.

Por su parte, la conselleira de Vivenda, Teresa Táboas, descargó en el Ayuntamiento de Poio la responsabilidad de dar “una respuesta” al “problema” de O Vao. No obstante, Táboas señaló que su departamento “estará ahí para todo lo que le compete”, entre lo que se incluyen subvenciones de hasta el 20% en la compra de vivienda con precios inferiores a 120.000 euros.