SAN SEBASTIÁN. DV. El número de inmigrantes empadronados en Euskadi ha aumentado un 34% en los dos últimos años y ha rebasado la frontera de las 100.000 personas, de las cuales prácticamente la mitad son de origen latinoamericano. Aunque no se han divulgado cifras actualizadas del padrón, los extranjeros ya sumaban 98.108 individuos el pasado 1 de enero, frente a los 85.542 registrados un año antes. Esa variación de 12.566 individuos representó entonces un aumento del 14%, el tercero más importante de toda España en términos porcentuales, sólo por detrás de Castilla – La Mancha (19%) y de Aragón (17%).

Los datos figuran en el último boletín del Observatorio Vasco de la Inmigración (Ikuspegi), que está disponible en Internet (www.Ikuspegi.org). De las tablas estadísticas se desprende que, a partir de 2001, cada año se han inscrito en los municipios de Euskadi entre 9.935 y 13.728 nuevos inmigrantes, que consiguen acceder de ese modo a los servicios básicos de sanidad, educación, atención social y justicia, así como a la prestación de renta básica, aunque no hayan regularizado todavía su situación administrativa.

A ese flujo humano hay que sumar un número indeterminado de sin papeles que ni siquiera se han empadronado, bien porque no quieren, bien porque no pueden hacerlo al carecer de un documento de identidad o de un domicilio fijo. Normalmente, ese problema se prolonga entre seis meses y un año, que es el tiempo que tarda el inmigrante en tramitar un pasaporte en el consulado de su país o en conseguir que un casero le firme un contrato de arrendamiento para presentarlo en la oficina municipal del padrón.

Según Ikuspegi, los extranjeros sólo representan todavía el 4,6% de la población de Euskadi, mientras que alcanzan el 9,9% en el conjunto de España. No obstante, el ritmo de empadronamientos y el de nacionalizaciones indican que la comunidad autónoma puede asistir pronto a un espectacular despegue de la población foránea que la aproxime a los porcentajes de otras autonomías e impulse una profunda transformación de la sociedad vasca, una transformación de más calado que la registrada durante las migraciones del siglo pasado.

Las premisas

En los últimos siete años, las naturalizaciones – un trámite que otorga al beneficiario plenos derechos políticos – se han multiplicado por seis y rozan las 2.000 al año. Esa cifra demuestra que las redes familiares de los inmigrantes se están afianzando en el País Vasco, un fenómeno habitual en los procesos migratorios de todo el mundo. De hecho, los demógrafos explican que la afluencia de extranjeros se dirige inicialmente a las grandes ciudades, como Madrid y Barcelona, pero luego se propaga por las capitales y las ciudades menos populosas. Todos los indicios apuntan que esa nueva fase puede darse pronto a Euskadi.

El Ararteko, Íñigo Lamarca, llamó la atención esta semana sobre el impacto de la inmigración y recordó que la llegada de extranjeros coincide con el debate sobre el futuro de las prestaciones sociales en Europa. El ombudsman cree que esa discusión debe partir de tres premisas: «El respeto a los derechos de todas las personas, sean inmigrantes o no; la sostenibilidad del Estado de Bienestar y las medidas para la lograr la cohesión social y evitar la exclusión». A su modo de ver, el asunto merece abordarse desde una perspectiva europea, pero en cualquier caso la Administración vasca no puede ignorarlo; sobre todo, ahora que se dispone a extender las ayudas a las familias de forma significativa y que pretende garantizar unos ingresos mínimos y un alquiler social a todos los ciudadanos.

Cotizantes

La presencia de los inmigrantes en Euskadi, como usuarios de servicios sociales y también como contribuyentes a las arcas públicas, ya sea a través de cotizaciones o de impuestos directos e indirectos, empieza a ser apreciable. Por ejemplo, uno de cada cuatro perceptores de la renta básica no es español, una proporción que aumenta en las tres capitales vascas y su entorno, donde se concentran las tres cuartas partes de los inmigrantes. Los niños extranjeros apenas representan todavía el 5% de los escolares del País Vasco, pero en algunos colegios públicos constituyen más del 60% del alumnado. Del mismo modo, la cuarta parte de los expedientes que se tramitan en los juzgados de lo contencioso, unos órganos que están saturados, corresponde a pleitos de Extranjería. Y un tercio de las víctimas que acuden a los juzgados para denunciar agresiones sexistas son mujeres inmigrantes, al igual que un tercio de los agresores machistas que son detenidos. Igualmente, todo extranjero registrado en un Ayuntamiento tiene derecho a la Sanidad y Osakidetza le asigna un médico de familia.

De forma paralela a la percepción de esas prestaciones, la afiliación de los inmigrantes a la Seguridad Social aumenta a un ritmo anual del 15% en Euskadi. En septiembre pasado sumaban casi 45.000 cotizantes que, como es lógico, tienen su situación administrativa en regla. El plan de inmigración del Gobierno Vasco está dirigido a precisamente a crear las condiciones para que cada vez más personas obtengan un permiso de residencia, pues sólo de esa manera pueden encontrar un empleo legal y cotizar por él.

A comienzos de año, 64.228 extranjeros habían regularizado su situación en el País Vasco, mientras que otros 33.880 sólo estaban empadronados. Las personas de ese segundo grupo que tengan edad laboral han de subsistir en la economía sumergida, a pesar de que acceden a los mismos derechos sociales que los demás ciudadanos.

Algunos investigadores aseguran que el balance entre los gastos que los extranjeros generan en la sociedad de acogida y la riqueza que aportan es positivo. La Fundación de Estudios de Economía (Fedea) estima que ese saldo favorable asciende a 1.500 millones de euros anuales para toda España. Por el contrario, otros informes aseguran que un extranjero debería permanecer durante varios lustros en un país – incluso 25 años – para compensar todos los servicios que recibe, no sólo los sanitarios y educativos, sino los de seguridad pública, ocio, transportes, etc.

Efecto ‘visual’

Ese debate continúa abierto, pero, de momento, sólo el 4,2% de los vascos percibe la inmigración como un problema capital y apenas un exiguo 0,9% cree que le afecta de manera personal. Al menos, eso se desprende de un sondeo divulgado por Ikuspegi en septiembre pasado, cuyos autores atribuyen los porcentajes tan bajos a que los extranjeros todavía representan un colectivo reducido respecto al conjunto del censo.

No obstante, en algunas barriadas vascas ya se están registrando algunas concentraciones significativas de población extranjera, debido a que los recién llegados buscan a familiares y a otros compatriotas para que les ayuden a instalarse. Los inmigrantes suelen ocupar, además, viviendas públicas o privadas que la población local rechaza por las características socioeconómicas del entorno. Ese efecto visual de la inmigración en lugares concretos – color de la piel, facciones, ropas africanas vistosas, hiyab musulmanes – no debe desdeñarse, pues en 2005 un estudio detectó que los vascos creen que el número de inmigrantes es cuatro veces superior al real.

El último sondeo de Ikuspegi indica que la sociedad autóctona no pone objeciones a que los nuevos vecinos dispongan de un médico y de plazas escolares. Sin embargo, es más restrictiva con el acceso a la vivienda, pues se trata de un problema universal. Los vascos también parecen reacios a que las instituciones proporcionen ayudas económicas a los extranjeros. Casi uno de cada tres de ellos se oponen a medidas de esa índole.