LOS ÁNGELES.— Tras una espera de casi medio año, el jefe de la policía de Los Ángeles, William Bratton, presentó ayer finalmente un informe detallado de los incidentes registrados el pasado 1 de mayo en el parque McArthur, cuando miles de inmigrantes que se manifestaban en favor de una reforma migratoria fueron dispersados con lujo de violencia.

El contenido del informe dejó insatisfechas a varias organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, que manifestaron que las medidas tomadas tras la represión son insuficientes para desagraviar a los afectados.

El informe del incidente, que desató la peor crisis en el gobierno del alcalde Antonio Villaraigosa, desembocó en una purga en el seno de los altos mandos policiales y provocó una oleada de demandas millonarias que hoy intenta eludir la policía de Los Ángeles (LAPD) a través de un reporte que ha sido reducido por el jefe William Bratton a un simple “problema de comunicación” en la cadena de mandos.

En su reporte, dado a conocer durante una multitudinaria rueda de prensa, el jefe de la policía angelina reconoció el excesivo uso de fuerza de la policía y reiteró que, de los poco más de 450 que participaron en el operativo, un total de 26 se encuentran aún bajo investigación y en riesgo de recibir severas sanciones. Bratton reiteró que los agentes antimotines serán “reentrenados” para sensibilizarlos frente a un movimiento de derechos civiles que fue sofocado a golpes de porras y balas de goma en mayo pasado.

Además, Bratton recordó el trago amargo que supuso la destitución de dos de sus subalternos, Caylor Lee Carter y Louis Gray, los dos oficiales que estuvieron a cargo de la represión en el parque McArthur. Una destitución que, en su momento, fue ofrecida como ofrenda y desagravio frente a la comunidad inmigrante pero que, al final, sirvió a Bratton para calmar los ánimos y garantizar en junio pasado su reelección por un mandato adicional de cinco años.

Para una larga lista de organizaciones defensoras de inmigrantes, el reporte se queda muy lejos de las expectativas y no permite despejar el camino de la reconciliación entre la policía angelina y la comunidad inmigrante.

“No nos convencen”

“No nos han convencido sus explicaciones y sobre todo nos ha disgustado que, en el informe, haya sido ignorado por completo el contexto político, así como la ausencia de propuestas para compensar a las víctimas y restablecer la confianza y las relaciones entre la policía y la comunidad inmigrante”, aseguró Angélica Salas, dirigente de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles (CHIRLA).

“La verdad es que ya nos lo esperábamos. Era mucho pedir del jefe Bratton y su equipo de colaboradores, que actuaron de forma brutal y que violaron las libertades civiles que garantiza la Constitución de este país. Esto ha sido muy grave y las justificaciones que ha presentado no nos satisfacen y por ello seguiremos apoyando las demandas”, dijo a su vez, Luis Ángel Nieto, de la Coalición en Defensa de los Derechos de los Inmigrantes del Sur de California.

Mientras tanto, las autoridades de EU informaron ayer que arrestaron a mil 313 miembros de pandillas violentas e inmigrantes indocumentados en redadas realizadas en 23 ciudades de 19 estados del país en el último verano.

Buscan nuevas reglas

Funcionarios de la administración Bush dijeron ayer que están desarrollando nuevas reglas para que los granjeros puedan contratar a más trabajadores temporales. Indicaron que se dieron cuenta de la necesidad de realizar cambios de procedimiento y en las regulaciones del programa de trabajadores huésped, luego de que el Congreso no alcanzara un acuerdo migratorio, indicó el diario The New York Times.

“El actual programa de trabajadores temporales se ha vuelto demasiado anticuado y engorroso como para que resulte efectivo”, dijo Scott Stanze, vocero de la Casa Blanca. “El programa necesita actualizarse para reflejar la economía actual y utilizar la tecnología y otros avances”, agregó.

LOS ÁNGELES.— Tras una espera de casi medio año, el jefe de la policía de Los Ángeles, William Bratton, presentó ayer finalmente un informe detallado de los incidentes registrados el pasado 1 de mayo en el parque McArthur, cuando miles de inmigrantes que se manifestaban en favor de una reforma migratoria fueron dispersados con lujo de violencia.

El contenido del informe dejó insatisfechas a varias organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, que manifestaron que las medidas tomadas tras la represión son insuficientes para desagraviar a los afectados.

El informe del incidente, que desató la peor crisis en el gobierno del alcalde Antonio Villaraigosa, desembocó en una purga en el seno de los altos mandos policiales y provocó una oleada de demandas millonarias que hoy intenta eludir la policía de Los Ángeles (LAPD) a través de un reporte que ha sido reducido por el jefe William Bratton a un simple “problema de comunicación” en la cadena de mandos.

En su reporte, dado a conocer durante una multitudinaria rueda de prensa, el jefe de la policía angelina reconoció el excesivo uso de fuerza de la policía y reiteró que, de los poco más de 450 que participaron en el operativo, un total de 26 se encuentran aún bajo investigación y en riesgo de recibir severas sanciones. Bratton reiteró que los agentes antimotines serán “reentrenados” para sensibilizarlos frente a un movimiento de derechos civiles que fue sofocado a golpes de porras y balas de goma en mayo pasado.

Además, Bratton recordó el trago amargo que supuso la destitución de dos de sus subalternos, Caylor Lee Carter y Louis Gray, los dos oficiales que estuvieron a cargo de la represión en el parque McArthur. Una destitución que, en su momento, fue ofrecida como ofrenda y desagravio frente a la comunidad inmigrante pero que, al final, sirvió a Bratton para calmar los ánimos y garantizar en junio pasado su reelección por un mandato adicional de cinco años.

Para una larga lista de organizaciones defensoras de inmigrantes, el reporte se queda muy lejos de las expectativas y no permite despejar el camino de la reconciliación entre la policía angelina y la comunidad inmigrante.

“No nos convencen”

“No nos han convencido sus explicaciones y sobre todo nos ha disgustado que, en el informe, haya sido ignorado por completo el contexto político, así como la ausencia de propuestas para compensar a las víctimas y restablecer la confianza y las relaciones entre la policía y la comunidad inmigrante”, aseguró Angélica Salas, dirigente de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles (CHIRLA).

“La verdad es que ya nos lo esperábamos. Era mucho pedir del jefe Bratton y su equipo de colaboradores, que actuaron de forma brutal y que violaron las libertades civiles que garantiza la Constitución de este país. Esto ha sido muy grave y las justificaciones que ha presentado no nos satisfacen y por ello seguiremos apoyando las demandas”, dijo a su vez, Luis Ángel Nieto, de la Coalición en Defensa de los Derechos de los Inmigrantes del Sur de California.

Mientras tanto, las autoridades de EU informaron ayer que arrestaron a mil 313 miembros de pandillas violentas e inmigrantes indocumentados en redadas realizadas en 23 ciudades de 19 estados del país en el último verano.

Buscan nuevas reglas

Funcionarios de la administración Bush dijeron ayer que están desarrollando nuevas reglas para que los granjeros puedan contratar a más trabajadores temporales. Indicaron que se dieron cuenta de la necesidad de realizar cambios de procedimiento y en las regulaciones del programa de trabajadores huésped, luego de que el Congreso no alcanzara un acuerdo migratorio, indicó el diario The New York Times.

“El actual programa de trabajadores temporales se ha vuelto demasiado anticuado y engorroso como para que resulte efectivo”, dijo Scott Stanze, vocero de la Casa Blanca. “El programa necesita actualizarse para reflejar la economía actual y utilizar la tecnología y otros avances”, agregó.