El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará hoy una propuesta de uno de sus vocales, Alfonso López Tena, sobre si se debe o no expedientar a la presidenta del tribunal que estos días está juzgando el crimen de la Patum de Berga, la magistrada Ana Ingelmo.

El vocal trasladó un escrito al pleno del CGPJ la semana pasada, en el que cuestionaba la actuación de la magistrada por «ordenar a un testigo a utilizar el español, pese a las protestas de los abogados». El episodio tuvo lugar el pasado jueves durante el juicio, cuando uno de los testigos acudió a declarar. Comenzó a hacerlo en catalán, y la magistrada preguntó a los cinco acusados en el proceso – algunos de ellos de origen magrebí, ecuatoriano y dominicano – si comprendían esta lengua. Cuatro de ellos respondieron que no, por lo que la magistrada solicitó al testigo que mejor se expresase en castellano.

El vocal López Tena, que fue nombrado como vocal del CGPJ a propuesta de CiU, y que recientemente ha puesto en marcha el Círculo de Estudios Soberanistas – espacio intelectual que promueve la independencia de Cataluña – , considera que la magistrada Ingelmo puede haber vulnerado algunos puntos de la Constitución, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Carta Europea de las lenguas regionales y minoritarias y del Estatut, en lo referente al libre uso de las lenguas autonómicas. También la acusa de incumplir el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que «los jueces, magistrados, fiscales, secretarios y demás funcionarios de juzgados y tribunales podrán usar también la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma, si ninguna de las partes se opusiere, alegando desconocimiento de ella que pudiere producir indefensión».

A juicio del vocal, estos hechos pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación dolosa, de prevaricación imprudente o ignorante, con el agravante de comisión del delito por motivo de discriminación. Es por ello que ha solicitado al pleno que abra un expediente disciplinario a la magistrada; remitir el episodio al Ministerio Fiscal «por si los hechos pudieran ser constitutivos de delito», y solicitar al Ministerio de Justicia «que proceda a retirar – a la magistrada – la Cruz de Sant Raimon de Penyafort, condecoración que le fue impuesta el pasado 21 de septiembre».

La asociación Juristas en Defensa de la Lengua Propia también considera que la magistrada, presidenta de la sección séptima de la Audiencia de Barcelona, incurrió en una falta muy grave tipificada en el artículo 417.14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Tras la sesión del jueves, el tribunal acordó de oficio habilitar un intérprete.