EFE
Santa Cruz de Tenerife
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, advirtió hoy al presidente canario, Paulino Rivero, de que si no quiere las competencias en materia de menores debe cambiar el Estatuto de Autonomía, y recordó que el Estado no puede asumir la tutela porque lo prohíbe la Constitución.
Así lo manifestó el ministro en declaraciones a los periodistas con motivo de una visita a Tenerife, en donde consideró que quizás en lugar de pedir más competencias Canarias debería modificar su Estatuto de Autonomía en este ámbito, pues se preguntó para qué se reclaman más materias “si luego no se desempeñan bien”.

El ministro se mostró además convencido de que a medio plazo el número de menores inmigrantes no acompañados que llegan a las islas descenderá “drásticamente o incluso conseguiremos que dejen de llegar por esta vía”, señaló en alusión a los cayucos.

También pidió Caldera al presidente autonómico, Paulino Rivero, que en vez de criticar al Gobierno central “que se vuelca con Canarias” convenza a su socio de gobierno, el PP, para que tenga “un poquito de humanidad” y admita menores en las comunidades donde gobierna.

“Estos jóvenes son pacíficos, desean aprender y trabajar y no ofrecen ningún perfil delictivo”, señaló el ministro, quien lamentó que ayer la comunidad de La Rioja haya rechazado la acogida de menores procedentes de Canarias.

“Es muy doloroso que una comunidad rica como La Rioja, que tiene mayor renta per cápita que Canarias, se niegue por razones políticas, por atacar al Gobierno central, a aceptar menores”, apuntó.

Por ello pidió al Gobierno de Canarias “su intercesión” para convencer a las comunidades gobernadas “por la derecha” de que también deben hacer un esfuerzo y le ayuden a convencer a aquellos “que tienen tan poca solidaridad y tan poco compromiso humanitario como La Rioja o Madrid”, manifestó.

Canarias tiene acogidos actualmente unos 700 menores, de los que 300 dependen de los cabildos y el resto son tutelados directamente por la Comunidad Autónoma.

Por ello el Gobierno central “de nuevo y como siempre” está dispuesto a hacer “un enorme esfuerzo con Canarias” para garantizar la mejor atención a estos menores, y por ello Caldera recordó que se propone presentar un nuevo programa de traslados a la Península de hasta 300 menores.

Ello implica “un alto coste económico aunque esto es lo de menos, lo importante es el compromiso y la corresponsabilidad”, señaló el ministro, quien insistió en presentar la propuesta en el Consejo Superior de Inmigración conjuntamente con el Gobierno de Canarias y que éste se corresponsabilice en la tarea de convencer al resto de comunidades para que acepten a los menores.

“Si no es así no podremos hacerlo, aunque espero que no se nieguen y que haya un esfuerzo para que las comunidades que ya han aceptado menores aumenten su cupo, y una fórmula seria atribuir a cada comunidad un número en función de sus habitantes, recursos de menores o capacidad de acogida”, añadió.

Detalló que las comunidades se han mostrado solidarias, también algunas del PP como Castilla León, Valencia y Murcia, aunque “menos que las demás, pero también han acogido menores”.

Precisó que cuando gobernaba el PP “no había corresponsabilidad en la atención a los menores” y reconoció que los traslados sólo se pueden hacer si las comunidades lo aceptan, porque el Gobierno central no tiene competencias en la materia salvo su capacidad de asignar un presupuesto extraordinario para financiar ese acogimiento.

El primer programa de traslados, con 500 menores, se ejecutó “con mucha dificultad y costó varios meses conseguir que las comunidades se hicieran corresponsables con Canarias”, dijo el ministro, quien detalló que la región “más solidaria” ha sido Extremadura, que ha aceptado casi cien menores.