EFE

TENERIFE. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, advirtió ayer al presidente canario, Paulino Rivero, de que si no quiere las competencias en materia de menores debe cambiar el Estatuto de Autonomía. Recordó también que el Estado no puede asumir la tutela porque lo prohíbe la Constitución.

Así lo manifestó el ministro en declaraciones a los periodistas con motivo de una visita a Tenerife, donde consideró que quizás en lugar de pedir más competencias Canarias debería modificar su Estatuto de Autonomía en este ámbito, pues se preguntó para qué se reclaman más materias «si luego no se desempeñan bien».

El ministro se mostró asimismo convencido de que a medio plazo el número de menores inmigrantes no acompañados que llegan a las islas descenderá «drásticamente o incluso conseguiremos que dejen de llegar por esta vía», señaló en alusión a los cayucos.

Caldera pidió también alpresidente autonómico, Paulino Rivero, que en vez de criticar al Gobierno central «que se vuelca con Canarias» convenza a su socio de gobierno, el PP, para que tenga «un poquito de humanidad» y admita menores en las comunidades donde gobierna.

Críticas a La Rioja

«Estos jóvenes son pacíficos, desean aprender y trabajar y no ofrecen ningún perfil delictivo», señaló el ministro, quien lamentó que la comunidad de La Rioja haya rechazado la acogida de menores procedentes de Canarias. «Es muy doloroso que una comunidad rica como La Rioja, que tiene mayor renta per cápita que Canarias, se niegue por razones políticas, por atacar al Gobierno central, a aceptar menores», apuntó.

Por ello, pidió al Gobierno de Canarias «su intercesión» para convencer a las comunidades gobernadas «por la derecha», de que también deben hacer un esfuerzo y le ayuden a convencer a aquellos «que tienen tan poca solidaridad y tan poco compromiso humanitario como La Rioja o Madrid», manifestó.

Canarias tiene acogidos actualmente unos 700 menores, de los que 300 dependen de los cabildos y el resto son tutelados directamente por la Comunidad Autónoma. Y proyecta traslados a la Península de hasta 300 menores.