El Senado de Francia ha aprobado finalmente una enmienda a la nueva ley sobre inmigración, integración y asilo que incluye la posibilidad de recurrir a pruebas de ADN para probar el parentesco cuando se solicita la residencia por motivos de reagrupamiento familiar. Con esta medida, que existe ya en 12 países de la Unión Europea, la ley pretende evitar la instalación fraudulenta de emigrantes que utilizan documentación falsa para entrar en Francia. La nueva disposición ha suscitado una fuerte discusión y un dictamen contrario del Comité Consultivo Nacional de Ética, cuya opinión había sido solicitada.
Las pruebas de ADN han demostrado su utilidad para comprobar la identidad de una muestra biológica en casos penales, y la filiación biológica cuando esta es requerida. Sin embargo, en estos momentos la paternidad es una cuestión que no es fácil definir. Dejando a un lado los casos de adulterio, en un mundo de familias recompuestas e hijos adoptivos o con donaciones de óvulos o de esperma, definir la paternidad únicamente por un criterio biológico puede excluir muchas realidades que se dan en nuestros países. Por esto la generalización del recurso a pruebas genéticas debe preocupar.
Nuestra sociedad está basada sin duda en individuos cuya identidad tiene una base genética. Pero los individuos y sus relaciones son más que esta realidad biológica, y en democracia el recurso al uso de pruebas genéticas debe hacerse con mucha cautela. Su banalización, incluso cuando se hacen con todas las garantías, puede atentar a la privacidad de los individuos y crear una discriminación de base genética de la que es legítimo defenderse.