Las divisiones en la mayoría gubernamental y el movimiento opositor desencadenado en Francia han logrado rebajar la enmienda que introduce las pruebas de ADN en los procedimientos de reagrupación familiar de los inmigrantes. El Senado aprobó en la madrugada de ayer la cuarta versión de la polémica enmienda. Ahora, una comisión mixta paritaria Asamblea Nacional – Senado pactará la solución final, que será casi con seguridad el texto descafeinado aprobado por el Senado.
Pese a las sucesivas rebajas, una docena de senadores de la derecha votaron con la izquierda en contra de la enmienda, aprobada por 176 votos a favor y 138 en contra. Finalmente, los tests serán voluntarios, gratuitos para el demandante de visado (cuestan entre 250 y 300 euros), se harán solo en caso de que la filiación no pueda ser probada de otra forma, la decisión la tomará un juez y se compararán únicamente con el ADN de la madre para evitar que un hombre descubra que no es el padre biológico de su hijo. La medida será experimental durante 18 meses.

UNA NORMA INAPLICABLE
El senador de la derecha Hugues Portelli resumió muy bien lo ocurrido. “Hay dos formas de cuestionar un artículo que desata protestas. O se reconoce el error y se retira, o se envuelve en un dispositivo que lo modifica hasta el punto de convertirlo en incomprensible e inaplicable”, dijo. Eso ocurre con la comparación con el ADN de la madre, ya que el 85% de las reagrupaciones familiares las piden los padres. Además, los tests no se aplicarán a inmigrantes de Marruecos, Argelia y Túnez, que representan la mayoría de los casos. En el 2005, de 22.978 personas que obtuvieron la reagrupación, 13.722 eran magrebís. En ese año, solo 918 subsaharianos la pidieron.
Pese a todo, las protestas continúan. Más personalidades han firmado el manifiesto de SOS Racismo – – la viuda de François Mitterrand, los socialistas Jack Lang y Michel Rocard, la escritora Amélie Nothomb y el actor Michel Piccoli, entre otros – – y el Comité Consultivo Nacional de Ética critica la enmienda porque “banaliza” las pruebas genéticas, reduce a la familia a su concepto biológico y fomenta la “presunción de fraude” sobre los inmigrantes.

LA UE NO SE OPONE
Sin embargo, en plena polémica en Francia, la Comisión Europea (CE) aclaró ayer que el derecho europeo no prohíbe el recurso a los tests de ADN. Aunque no menciona las pruebas, una directiva del 2003 autoriza “cualquier investigación que se juzgue necesaria” para probar la filiación. La CE cita un estudio de la Universidad de Nimega (Holanda) según el cual siete países de la UE (Austria, Bélgica, Finlandia, Lituania, Holanda, Suecia y el Reino Unido) mencionan en sus leyes la posibilidad de recurrir a pruebas de ADN. El Gobierno francés sostenía que eran una docena.