El jefe del servicio de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía en Pamplona y un agente de este mismo servicio en Bilbao coincidieron ayer en que la abogada bilbaína juzgada por estafar a decenas de inmigrantes sabía perfectamente que la situación de estos no iba a ser regularizada. “Estaba claro que las solicitudes hubieran tenido siempre una resolución negativa, tal y como estaban presentadas”, dijo el agente, quien dirigió la investigación del fraude. Sus declaraciones y los informes de conclusiones del fiscal, la acusación particular y la defensa de la letrada, Pilar Jiménez, cerraron ayer el juicio, el primero por una estafa masiva a inmigrantes en Euskadi, que quedó visto para sentencia.

El testimonio de ambos policías respaldó la versión de los 35 afectados que han declarado en la Audiencia de Vizcaya, quienes aseguraron que la letrada les prometía documentación a cambio de pagar una media de 600 euros.

Cruz Vicente, jefe de Extranjería en Pamplona – la mayoría de los 49 inmigrantes cuyos casos se vieron en el juicio residían en Navarra a finales de 2003, cuando ocurrieron los hechos – , calificó de “extraño” que la documentación presentada por la imputada fuera incompleta “cuando era perfectamente conocedora” de los trámites requeridos.

Más contundente se mostró el policía de Bilbao, quien se identificó sólo con su número de placa. “Las solicitudes eran idénticas, no iban soportadas documentalmente y los domicilios eran falsos”. El servicio de Extranjería investigó los hechos y recalcó que sólo entre noviembre y el 22 de diciembre descubrió 127 supuestos fraudes a inmigrantes con documentación “que era inviable” para ser aceptada.

Este agente agregó que la actuación de la letrada convertía a los inmigrantes “en potenciales víctimas de engaños”. Explicó que esta situación era motivo de continuo comentario entre los policías del servicio de Extranjería. Los inmigrantes “están en manos de terceros y, si éstos no tienen buena fe, se encuentran expuestos a todo tipo de engaños”, señaló.

En sus conclusiones, el fiscal mantuvo la petición de ocho años de prisión para Jiménez, la pena “mínima” porque la letrada realizó “alguna gestión” y generó “algún beneficio” a los afectados, como que no fueron expulsados al presentar la documentación. Expuso que las solicitudes tramitadas por la abogada “iban dirigidas al fracaso” y concluyó que “el engaño es claro”, pese a reconocer que hubo contradicciones en las declaraciones de los afectados.

La acusación, ejercida por la ONG SOS Racismo, solicitó 12 años de prisión y destacó que hay un daño moral. La defensa reclamó la absolución y calificó el juicio de “esperpento”. Dijo que los inmigrantes se “han burlado de la Justicia” al buscar “trampillas” para regularizarse.