BILBAO. La abogada de Bilbao acusada de haber estafado a más de un centenar de extranjeros, a quienes supuestamente prometía legalizar su situación a cambio de unos 600 euros, aseguró ayer en el inicio del juicio en su contra que advertía a sus clientes de que sus gestiones podían fracasar. La letrada P.J.G. se enfrenta a la acusación de estafa continuada por la que la acusación particular ejercida por la asociación SOS Racismo le reclama una pena de doce años de prisión, una multa de 24 meses con una cuota diaria de 50 euros e inhabilitación para el ejercicio de su profesión de abogada durante quince años. Además, exigen una indemnización de 1.000 euros para cada uno de los 127 inmigrantes afectados, «por el daño moral sufrido». Por su parte, el Ministerio Fiscal pide para la letrada ocho años y un día de prisión y una multa de 25 meses con una cuota diaria de 10 euros.

La vista se inició con la declaración de la acusada, quien expuso que desde 1993 ejerce su profesión en Vizcaya «ayudando» a los extranjeros a tramitar sus permisos de trabajo y residencia, especialidad para la cual, «no tuve que pasar el examen pertinente, porque logré demostrar mi valía con sentencias» favorables. Explicó que su despacho cobraba 50 euros por una primera consulta y hasta 550 euros más al concluir su trabajo con la presentación de la solicitud de permiso de trabajo y residencia, junto a los documentos que se debían adjuntar a la misma, pero negó que les prometiera legalizar automáticamente su situación.

Reconoció que recibía esas cantidades a través de una cuenta corriente a nombre de su madre y que les cobraba «por hacerles todo: asesorarles, rellenarles los formularios y acompañarles a hacer cola». Les decía, recordó, que gracias a los trámites que ella iniciaba podrían permanecer años en España, sin que les pudieran expulsar hasta que se resolviera su expediente, debido «a lo lenta que es la Administración» española.

Desmintió que hubiera felicitado a varios de sus clientes tras entregar la solicitud a quienes dijo «ya sois legales», como expuso el fiscal. Contó que muchos de esos inmigrantes aseguraban tener dificultades para acudir a su país de origen y obtener el visado requerido, así que solicitaba la exención de dicho documento «por razones humanitarias», según decía a sus clientes, aunque luego marcaba en el formulario la casilla de situación de conflicto armado o étnico.

Por ello, según la acusación particular, ella «era consciente de que se lo iban a denegar», ya que la mayoría de los solicitantes procedían de Ecuador, donde no se daba esa situación.

El abogado de SOS Racismo recordó que alrededor de 50 personas extranjeras denunciaron a la acusada tras sentirse estafados al cer que sus solicitudes eran rechazadas, pero advirtió de que son más de 120 los afectados. EFE