La abogada de Bilbao acusada de estafar a 127 inmigrantes por prometerles la regularización de su situación rechazó ayer que adquiriera este compromiso. En el primer juicio que se celebra en Euskadi por una estafa masiva a inmigrantes, la letrada Pilar Jiménez declaró que sólo les informó de que “no podían ser expulsados hasta que hubiera una resolución judicial” de sus expedientes. En la vista se negó a responder a la acusación.

El fiscal pide ocho años de prisión para esta abogada con 15 años de ejercicio profesional, y

12 la acusación particular, ejercida por SOS Racismo. Se le imputa un “delito continuado de estafa” cometido entre noviembre y diciembre de 2003 y que afectó a 127 inmigrante, según la investigación policial, aunque el juicio iniciado en la Audiencia de Vizcaya se limita a 49 casos.

El juez instructor le impuso una fianza de casi 38.000 euros y la retirada del pasaporte. En su auto afirmó que la procesada cobró a sus clientes una media de 600 euros “pese a que conocía perfectamente” que ninguno de ellos cumplía los requisitos de regularización y sabía también que para presentar las solicitudes en Vizcaya, como hizo, debían residir en este territorio, cuando en realidad vivían en Navarra. Agregó que las peticiones eran “modelos estandarizados, sin aporte de justificaciones documentales y señalando domicilios en Bilbao inexistentes”. Estas actuaciones, según el juez instructor, no sólo privaron a los afectados de regularizar su situación, sino que propició una resolución de la Subdelegación de Vizcaya para expulsarles.

Pilar Jiménez insistió varias veces, a preguntas del fiscal, que informó a los inmigrantes de que las solicitudes para regularizar su situación podrían ser “positivas o negativas”, y, a diferencia de lo que sostienen los afectados, rechazó que les garantizase la concesión de los permisos. “No les prometí que su situación iba a estar legalizada”. La imputada declaró que no se acordaba de los inmigrantes que pasaron por su bufete y las gestiones que hizo cuando fue preguntada por casos concretos.

En cambio, a preguntas de su defensa, sí recordó el caso de una mujer a la que la Policía retuvo y le amenazó con la expulsión. Aseguró que los documentos que tramitaba con esta mujer “sirvieron para que no fuera expulsada”.

La abogada rehusó contestar a la acusación, antes de que empezara a formular sus preguntas. Durante la instrucción del caso, en su tercera declaración ante el juez, se negó a responder al propio magistrado. Ante su negativa a responder ayer, el letrado de SOS Racismo leyó sus preguntas, que recogían las amenazas a varios afectados que no le pagaron “con mandarle a la policía para que les expulsara”, la promesa de que con el resguardo de la solicitud de trabajo ya podrían tener una ocupación laboral o que los trámites debían realizarse en Vizcaya porque las autoridades vascas eran las competentes en materia de extranjería.