La Audiencia de Lleida inició ayer el juicio por la trama de corrupción descubierta en 2003 en la Oficina Única de Extranjería. Están implicados Joan Barios, ex subdelegado del Gobierno durante el mandato del PP; Lorenzo Echarri, ex delegado de Trabajo; el policía José María Vieites, y Salvador Puy, asesor de Barios. El fiscal solicita para los acusados 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Además de los 10 años de inhabilitación para cargos públicos por un presunto delito de prevaricación, el fiscal pide para Vieites otra pena de cuatro años de prisión y 1.200 euros de multa por falsedad en documento oficial. El sumario consta de más de 7.000 folios y está previsto que declaren unos 50 testigos durante los cuatro días que durará el juicio.

Los cuatro ex altos cargos del PP comparten banquillo con otros cuatro acusados de un delito de estafa: Fernando Canalejo, Cristina Da Silva, Antonio Amador y Resudan Khotivari. Éstos actuaban como intermediarios entre empresarios y ciudadanos extranjeros, a los que cobraban fuertes sumas de dinero por tramitar permisos de trabajo y de residencia. Los cuatro negaron haber estafado a ningún inmigrante, aunque reconocieron que aceptaron propinas por gestionar los documentos que les pedían.

El fiscal sostiene que hay indicios suficientes para juzgar a los ex altos cargos del PP por su participación en la trama de corrupción descubierta en la Oficina de Extranjería de Lleida, donde, según los investigadores se tramitaron entre agosto de 2001 y diciembre de 2003 más de 300 expedientes de inmigrantes de forma irregular, dando trato de favor a solicitudes que llegaron con notas manuscritas de Barios y Puy.

El funcionamiento de la oficina estuvo bajo sospecha durante todo el anterior mandato del PP, sobre todo a partir de febrero de 2003, cuando un funcionario de la misma, Miguel R. M. fue acusado de prevaricación y falsificación de documentos públicos. La Guardia Civil descubrió que una veintena de permisos de residencia de inmigrantes se tramitaron de forma irregular, algunos de los cuales correspondían a mujeres que ejercían la prostitución en locales de alterne de la provincia. El juez acabó archivando el caso por falta de pruebas.

Algunos de los expedientes analizados por los Mossos d’Esquadra se resolvieron en tiempo récord – entre un día y un mes – , cuando el proceso legal no podía ser inferior a tres meses. La oficina de Extranjería de Lleida tenía sólo 13 funcionarios para resolver unos 37.000 expedientes. En el periodo investigado se llegaron a aprobar hasta 8.214.

De 1.772 expedientes revisados, 1.522 habían sido tramitados por tres funcionarias que denunciaron prácticas irregulares de los responsables de la Administración. Este supuesto trato de favor se concedía, principalmente, a empresas de trabajo temporal, una de ellas vinculada a un militante del PP.