En Estados Unidos, el 55 por ciento de los inmigrantes llegan con cualificaciones profesionales de cierto nivel. En la Unión Europea, apenas el 5 por ciento. ¿Cómo resolver este dilema en un contexto de decadencia demográfica? El vicepresidente de la Comisión Europea, Franco Fratini, lanzó la semana pasada la idea de un estatuto legal ventajoso para los profesionales y técnicos que quieran venir a Europa a trabajar, común a todos los 27 países. La respuesta a esta propuesta ha sido más bien fría.
Fratini quiere poner su idea en la mesa del consejo de ministros del Interior que tendrá lugar el primero de octubre en Luxemburgo. Se trataría de una «tarjeta azul», como el color de la bandera de la UE, a imagen de la «green card» norteamericana, que se supone que sería un atractivo frente a la maraña burocrática europea y les ofrecería el aliciente de la movilidad interna. Sin embargo, la teoría de la inmigración selectiva ya ha sido probada en países como Alemania durante el anterior gobierno socialdemócrata de Gerhard Schröder sin que hubiera surtido ningún efecto: los ingenieros hindúes que se esperaban no llegaron jamás.
La oposición a esta idea de la «tarjeta azul» está también en el seno de la misma Comisión. En efecto, el comisario de Ayuda Humanitaria, Luis Michel, se ha opuesto tradicionalmente a este tipo de iniciativas que llevarían a la inmigración selectiva de los más preparados, lo que supondría una sangría insostenible para los países más pobres, cuyo desarrollo quedaría permanentemente hipotecado.
La Comisión no tiene ninguna competencia en materia de control de inmigración, que permanecen en manos de los países miembros y estos, a su vez, tienen problemas diferentes. La idea de Fratini tiene pocas posibilidades de éxito.