SAN SEBASTIÁN. DV. La cárcel de Martutene tiene los años contados porque dentro de cuatro cerrará sus galerías y celdas. El hacinamiento de los reclusos y las malas condiciones estructurales de la prisión, construida en 1948, obligan a su clausura. Colectivos que trabajan en la asistencia a los presos se remiten a las palabras de la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, cuando hace tres años visitó el centro y dijo que le daban «ganas de cerrarlo».

La construcción de la nueva cárcel en Zubieta, que tendrá una capacidad para 500 personas, se iniciará durante el próximo año. Fuentes de Instituciones Penitenciarias aseguran que «durante el primer trimestre de 2008 se iniciará el movimiento de tierras y el acondicionamiento del solar. Además se llevará a cabo la adjudicación del proyecto de ejecución». Las obras se prolongarán hasta 2010.

Sin embargo, el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de San Sebastián, Jorge Letamendia, sostiene que la tramitación urbanística será probablemente más lenta y que resulta más razonable fijar un período de cinco años para la apertura de la cárcel de Zubieta, de manera que el nuevo penal se abriría en 2011. En el solar de Martutene se construirá la segunda fase del nuevo barrio de Txomin Enea, con 378 viviendas.

Responsables de Instituciones Penitenciarias han asegurado al Ayuntamiento que el nuevo centro «se adecuará a las necesidades de un territorio como Gipuzkoa, teniendo en cuenta el crecimiento natural que corresponde a una dotación penitenciaria prevista para un periodo de unos 50 años».

Hasta entonces, los presos deberán cumplir condena en el vetusto Martutene. Luis Miguel Medina, capellán de la prisión, es tajante: «La cárcel tiene que desaparecer porque no reúne las condiciones higiénico – sanitarias y de calidad para vivir en ella. Está vieja, un poco destartalada, si bien es cierto que desde que llegué en el año 2000 los directores se han preocupado muy mucho de mejorar las condiciones; por ejemplo, este año se ha puesto calefacción en las galerías». Pero no dejan de ser reformas parciales, parcheos.

«Hoy en día, las condiciones de calidad de vida penitenciaria, servicios, talleres, patios, etcétera, tienen que ser otras. No se debe permitir – agrega – que haya cárceles como ésta. Una persona es privada de su libertad por un delito, pero esa es su condena, no más. La institución penitenciaria tiene que crear las condiciones necesarias para que la persona no sufra más allá de lo que debe ser su privación de libertad».

Su diagnóstico corrobora el testimonio que en su día dio Gallizo: «Este centro me impresionó muy negativamente. El día que fui a verlo tuve ganas de cerrarlo, porque me parece que no reúne las condiciones que nos debemos exigir a nosotros mismos».

Hacinados y enfermos

El censo de reclusos suma 320 personas, de los que el 36% está en tercer grado (sólo acude a la cárcel a dormir). Según datos oficiales actualizados esta semana, el perfil medio de los reclusos corresponde a un hombre de entre 36 y 40 años y la inmensa mayoría de los penados lo son por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Los presos extranjeros representan menos del 30%.

El hacinamiento, un problema generalizado en las cárceles españolas, – la población reclusa (más de 65.000 personas) se ha duplicado en pocos años – , provoca un sinnúmero de consecuencias que deterioran la convivencia ya de por sí complicada en la cárcel: falta de intimidad y unas relaciones más conflictivas, con lo que eso representa en unos espacios cerrados a cal y canto, con celdas de dos, tres y hasta cuatro camas, algunas sin ducha. El objetivo de «un preso, una celda» resulta así tan irreal como la función de reinserción social constitucionalmente atribuida a las cárceles.

Estas deficiencias se agravan si se considera que muchos de los privados de libertad padecen trastornos mentales. En Martutene, entre el 20 y el 30% de los reclusos sufre trastornos mentales, muchos de ellos derivados del consumo de drogas o porque ya estaban enfermos, delinquieron y ahora la cárcel agrava su deterioro. Diez presos tienen los diagnósticos más severos, psicosis o esquizofrenia, y son tratados por un psiquiatra que les visita cada quince días. La asistencia médica está integrada por dos psicólogas, tres médicos, tres ATS, dos auxiliares y un dentista una vez a la semana.

Paga para indigentes

La composición de la población reclusa se ha acompasado a los cambios migratorios y cada vez son más los presos magrebíes, que a la barrera cultural suman un desarraigo absoluto. «Los presos autóctonos tienen fuera de la cárcel familia, amigos… Por el contrario, muchos de los inmigrantes encarcelados llegan de la ilegalidad, el desamparo y la indigencia, sin ningún tipo de apoyo externo», explica Medina.

En la cárcel, unos se buscan la vida y tienen dinero, pero hay casos de desamparo extremo; muchos indigentes no tienen ni para comprar un cigarrillo, por lo que el capellán les deja todas las semanas cinco euros a cada uno y tarjetas telefónicas para que puedan llamar a sus casas. Estas ayudas contrastan con la abundancia de medios de los beneficiarios del trapicheo de drogas, un mercado negro floreciente que las instituciones siempre han minimizado.

En un medio hostil como el carcelario, donde conviven personas que han cometido asesinatos, violaciones, delitos económicos… el único colchón afectivo que tienen muchos es el que les brindan los 170 voluntarios que tienen acceso a la cárcel a través de la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de San Sebastián.

Todas las personas consultadas subrayan que el director de la prisión facilita al máximo que Martutene sea tan permeable y que tanta gente pueda acceder a las galerías y celdas.

«Como un colegio mayor»

«Hay presos provenientes de otras cárceles que dicen que esto es como un colegio mayor – comenta el capellán – . Y no les falta razón, porque dentro de su vetustez, esta cárcel es pequeña, entra mucha gente y eso propicia que dentro el ambiente sea distinto. Recientemente estuve en la prisión de Salto del Negro, con 1.300 presos y donde muchos no tienen nada y no reciben la visita de nadie», resume el capellán.

Martutene es además la única cárcel de España donde aún viven monjas, cinco de la Caridad de Santa Ana que dirigen la cocina, el ropero y otros servicios.

Puertas afuera, Martutene se beneficia de una potente red de recursos sociales que trata de ayudar a los presos cuando salen, como Loiolaetxea, una casa de acogida para los excarcelados que no tienen adonde ir.

Así y todo, el estigma social adherido al paso por una cárcel es casi indeleble y, en este sentido, el capellán Medina lamenta que Martutene «no interesa porque el chip que tiene la gente es que una persona ha cometido un delito, es peligrosa para la sociedad y hay que aislarla. Y no nos damos cuenta de que la prisión la crea la sociedad y por tanto tiene que asumir lo que se cuece aquí, para bien y para mal».

«Nadie debería ser tan ajeno, – concluye – porque nadie sabe lo que le va a pasar en el futuro. Muchas familias me suelen decir, ‘jamás pensamos que vendríamos a una prisión, y ahora nos damos cuenta de lo que es’, porque les ha tocado el caso de una madre, un hijo…».