La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) reaccionó inmediatamente en contra del cobro que el ayuntamiento de Simi Valley hizo a una iglesia vinculada al movimiento santuario.

Los casi $40,000 de la factura que deberá pagar la iglesia por los costos en que incurrió la Policía de la ciudad por cubrir una protesta antiinmigrante en las afueras del templo podrían originar una demanda. Según Michael Soller, vocero de ACLU, el departamento jurídico de la organización planea emprender una acción legal basados en las posibles violaciones que el cobro hace al derecho de expresión.

Los funcionarios de la ciudad adoptaron esta posición después de que más de 100 personas en pro y en contra del Movimiento Santuario se enfrentaron verbalmente el domingo pasado. El centro religioso ampara a una madre indocumentada de tres niños y casada con un ciudadano estadounidense que recibió una orden de deportación final.

Tanto el alcalde Paul Miller como los concejales declararon que la ciudad de Simi Valley no es santuario de inmigrantes y recalcaron que las acciones de la iglesia afectan la seguridad de la ciudad. Además informaron que hicieron el llamado a las autoridades de Inmigración para que procedan al arresto de la mujer.

La factura que se quiere pasar a la iglesia se detalla de la siguiente manera: 500 horas de trabajo de los agentes y personal de oficina que suman $35,744; más 47 horas de personal del Departamento de Servicios Públicos: $1,271; 22 horas de transportación: $647, así como $1,654 por comida y agua.

Los dirigentes del Movimiento Santuario confirmaron que ocho personas se encuentran amparadas por iglesias en todo el país.