bilbao. La mayoría de los vascos “asocia la inmigración con déficit de mano de obra de trabajo en puestos determinados”, como el cuidado de personas dependientes o la conciliación de la vida laboral, explicó ayer el director de Inmigración del Gobierno vasco, Roberto Marro.

Esta es una de las conclusiones del estudio Percepciones y actitudes de la ciudadanía vasca hacia la inmigración extranjera, elaborado por el Observatorio Vasco de la Inmigración. Entre otras conclusiones destaca que la población vasca opina que la asistencia sanitaria (65%) y la educación de los hijos de los inmigrantes (60%) son derechos que deben recibir todos los extranjeros, estén o no regularizados. Mientras que otros derechos, como la asistencia jurídica, las ayudas sociales y el voto, deberían restringirse a la población regularizada.

Otro aspecto destacado del estudio, según el director de Inmigración, es que la población vasca se muestra partidaria de la diversidad cultural, siempre que existan elementos culturales comunes que faciliten la convivencia. Éstos deberían articularse en torno a las costumbres y tradiciones de los autóctonos. Así, el 83% cree que los inmigrantes tienen que esforzarse en adoptar las costumbres y tradiciones vascas, por lo que el 50% de los encuestados considera que los vascos no deben esforzarse por adaptarse a las tradiciones de los inmigrantes y el 57% declara que la plena aceptación exige la renuncia, por parte del inmigrante, de aquellos aspectos de la religión o cultura que entren en conflicto con la legislación local.

Del estudio también se desprende que la población de la CAV considera más integrados a los colectivos de personas llegadas de la Unión Europea y Argentina; medianamente integrados al resto de latinoamericanos y de EE.UU, y menos integrados a africanos, asiáticos y originarios de Europa del Este y Magreb.

Para Marro, los datos demuestran que para muchos vascos la inmigración es “sinónimo de resolución de problemas, como la conciliación de la vida laboral, el cuidado de personas dependientes o el déficit de mano de obra en determinados puesto de trabajo”.

Marro señaló la “importancia de flexibilizar las condiciones para que la regularización sea una realidad” y abogó por la derogación de la Ley de Extranjería que. a su juicio, “peca de lo contrario”. Asimismo defendió dar un mayor protagonismo a las comunidades autónomas, dado que “desde la cercanía pueden gestionar de mejor forma este fenómeno complejo de por sí”.

Marro indicó que la inmigración en la CAV se encuentra en un estado “inicial”, con apenas 100.000 personas (50.000 en Bizkaia, 29.000 en Gipuzkoa y 20.000 en Araba), según las estimaciones de su departamento, en función de los datos del padrón a 1 de enero de 2007.

Al encontrarse en la etapa inicial, este es un “buen momento” para prevenir problemas asociados a la convivencia entre personas de distinta religión, cultura o lengua. De momento, el 15% cree que la inmigración es uno de los principales problemas de la CAV.