Los diputados franceses abrieron ayer el debate de un proyecto de ley sobre «el control de la inmigración» impulsado por el Gobierno conservador, que impone nuevas restricciones a la reagrupación familiar e incluye un polémico test genético de filiación. «Para muchos de nuestros compatriotas la inmigración es una fuente de inquietud», afirmó, al presentar el texto, el ministro de Inmigración, Integración, Identidad Nacional y Co – desarrollo, Brice Hortefeux, muy próximo al presidente francés, Nicolas Sarkozy. Este cuarto proyecto de ley sobre inmigración en cuatro años traduce los «compromisos fundamentales» de Sarkozy, dijo Hortefeux, al justificar las nuevas medidas.
Hortefeux dijo que el proyecto viene a dar respuesta a «las expectativas de la mayoría silenciosa» que ve en la inmigración «una amenaza para su seguridad, empleo y modo de vida».

Más allá del texto, el ministro anunció que el Gobierno se plantea una modificación de la Constitución que permita definir «techos cifrados de inmigración», es decir, cuotas.

La meta es, por una parte, fijar un objetivo «cuantitativo» de entradas de inmigrantes según las capacidades de acogida de Francia y, por otra, lograr «un equilibrio entre los diversos componentes de la inmigración – económica o familiar – y entre las grandes regiones de procedencia», explicó.

Integración y límites

Resuelto a «romper» con «los errores del pasado», el «laxismo» y «la irresponsabilidad» de «acoger sin límite a inmigrantes sin preocuparse por su integración», el ministro denunció el «fracaso del sistema francés de integración». Añadió que «debemos afirmar el derecho de Francia a escoger quien tiene el derecho de instalarse o no» en su territorio. Además de seguir combatiendo la inmigración ilegal – el objetivo este año es expulsar a 25.000 inmigrantes sin papeles – , hay que «reorganizar» la inmigración legal.

El ministro tildó de inaceptable el «desequilibrio» actual a favor de la inmigración «familiar», mientras que la «económica» es muy minoritaria». En 2005 se concedieron 92.000 permisos de estancia en virtud de la inmigración familiar y sólo 11.000 por motivos profesionales. El objetivo es que en cinco años la inmigración económica represente el 50% del total, afirmó. A partir de ahora, los candidatos a la reagrupación familiar deberán pasar en sus países de origen un test de conocimiento del francés y de los «valores» de la República y aquellos que lo rechacen «no podrán entrar en Francia».

El inmigrante que quiera hacer venir a su familia deberá tener ingresos laborales equivalentes al salario mínimo o superiores. Se crea también un «contrato de acogida e integración para la familia», que los padres de niños llegados por medio de la reagrupación familiar deberán firmar y cumplir, so pena de sanciones financieras.

Además, Hortefeux propuso una fórmula de compromiso ante la polémica abierta por la enmienda que prevé test genéticos voluntarios a candidatos a la reagrupación familiar para demostrar su filiación. El ministro propuso una aplicación «progresiva» y «provisional» del método: el Parlamento volvería a pronunciarse después de una «evaluación» por una comisión «independiente». Tras negar que los test sean un «fichaje genético», el ministro explicó que doce países europeos, «plenamente democráticos», incluida España, recurren a esos test.