El ministro de la Inmigración y la Identidad Nacional, Brice Hortefeux, tuvo que pisar ayer el freno. En su presentación al Parlamento de la nueva ley que permitirá un mayor control de la entrada de extranjeros reconoció que la prueba del ADN para el reagrupamiento familiar deberá aplicarse «de forma experimental» durante dos años. Las críticas han llovido desde la izquierda, pero también desde su partido.

Es una enmienda de la propia mayoría al proyecto de ley que pretende reducir el fraude en el reagrupamiento familiar y que suma al examen de francés un test genético que demuestre los vínculos de sangre con el inmigrante, que deberá acreditar vivienda e ingresos mínimos si quiere traerse a su mujer e hijos.

No solo la izquierda considera que se trata de una «humillación» que servirá para «crear ficheros genéticos y políticos», ahora que también la Oficina de Protección a los Refugiados pasa a depender de Inmigración. La secretaria de Estado de Política Urbana, Fadela Amara, hija de inmigrantes, cree que supone «un oprobio para los extranjeros». Algunos diputados del partido en el Gobierno lo consideran «inaplicable»: cada prueba de paternidad cuesta 300 euros.