Brice Hortefeux, el ministro de Inmigración francés, defendió ayer en la Asamblea Nacional el proyecto de ley sobre el control de la inmigración, el cuarto texto legal sobre este tema en idéntico número de años que ha sido sometido a los diputados. Hortefeux anunció que el Gobierno se plantea modificar la Constitución para poder establecer “techos cifrados de inmigración”, es decir, cuotas, para calmar “la inquietud” de una parte de los franceses. Hortefeux defendió también la enmienda que propone pruebas de ADN en el caso de solicitudes dudosas de reagrupación familiar, presentada por el diputado Thierry Mariani, de la gubernamental Unión por un Movimiento Popular (UMP), que rechazan la oposición y un buen número de miembros de la mayoría.

“Para muchos de nuestros compatriotas, la inmigración es una fuente de inquietud”, dijo el ministro de Inmigración. El texto presentado ante la Cámara, añadió, traduce los “compromisos fundamentales” del presidente, Nicolas Sarkozy, y “las expectativas de la mayoría silenciosa que ve en la inmigración una amenaza para su seguridad, empleo y modo de vida”. Hortefeux denunció el “fracaso del sistema francés de integración”, que tiene su origen en “los errores del pasado, el laxismo y la irresponsabilidad” de acoger sin límite a inmigrantes “sin preocuparse por su integración”.

La realización de las pruebas de ADN a quienes quieran acogerse al reagrupamiento familiar, señaló, sería voluntario y sólo para los casos en los que hubiera “problemas” con los documentos legales que demuestren la filiación. Hortefeux se lavó las manos sobre el éxito de la enmienda, que entra en conflicto con disposiciones legales que sólo permiten estas pruebas con fines médicos o judiciales. “Le corresponderá a la Asamblea debatir y tomar una posición” sobre la enmienda, dijo, aunque la calificó de “muy interesante”.

El ministro recordó que hasta 12 países europeos, “plenamente democráticos”, ya recurren a estas pruebas, entre los que citó a Alemania, Reino Unido, España, Italia, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Lituania, Noruega, Holanda y Suecia. “No se trata”, dijo Hortefeux, “de un fichaje genético” de los candidatos a la reagrupación, sino “de recurrir a una tecnología moderna que permita a una persona voluntaria demostrar su filiación”. Las pruebas corren a cargo del inmigrante y deben realizarse en su país de origen, lo que a menudo es un obstáculo insalvable. La ley pretende fijar un objetivo “cuantitativo” de entradas de inmigrantes según las capacidades de acogida de Francia y lograr “un equilibrio entre los diversos componentes de la inmigración – económica o familiar – y entre las grandes regiones de procedencia”, dijo Hortefeux.