Pruebas de ADN. He aquí el último recurso contra la inmigración ilegal que está adquiriendo forma en la Asamblea Nacional francesa. Y es que el partido en el poder (UMP) ha presentado el borrador de un proyecto de ley que consentiría el uso de las pruebas genéticas para evitar el fraude en las normas de reagrupación familiar.

El promotor del texto, Thierry Mariani, sostiene que entre el 30% y el 80% de los inmigrantes procedentes de Africa falsifican los documentos de identidad. Es decir, que los hijos de los inmigrantes no son verdaderamente los hijos. O que los padres no son en realidad los padres.

El Partido Socialista considera degradante semejante vuelta de tuerca a las normas de inmigración, aunque la iniciativa se atiene a la contundencia de Sarkozy en el control de los flujos de inmigración clandestina. Los prefectos de policía ya han recibido la consigna de redoblar los esfuerzos de expulsión para atenerse a las 25.000 repatriaciones anuales que les exige Sarko y aligerar una bolsa de clandestinidad de unos 300.000 casos. «No creo que haya razón para escandalizarse», justificaba ayer Mariani. «Muchos inmigrantes falsifican sus documentos y las familias se reagrupan sin que haya reales vínculos de sangre. Son los casos de Senegal, Togo y Congo».

Francia tutela con escrúpulo el código genético de sus ciudadanos. Sólo el juez puede ordenar la realización de las pruebas de ADN, aunque los tres supuestos recogidos en la ley – investigaciones policiales, fines científicos y razones médicas irrenunciables – no contemplan la generalización del test de paternidad. Por eso, muchos recurren a laboratorios de Canadá o España para asegurarse del vínculo genético de sus hijos. El debate comenzará la próxima semana en la Asamblea Nacional, donde la UMP gobierna con una holgada mayoría.