El Gobierno de Nicolas Sarkozy intenta por todos los medios regular los flujos migratorios a Francia. Thierry Mariani, diputado de la gubernamental Unión por un Movimiento Popular (UMP), consiguió el miércoles introducir una enmienda al proyecto de ley sobre inmigración en la Asamblea Nacional que, de salir adelante, permitiría exigir una prueba de ADN a los inmigrantes que pretendan acogerse a la reunificación familiar. Desde la oposición, las críticas han sido unánimes, e incluso un par de diputados de la mayoría conservadora votaron en contra.

El líder socialista, François Hollande, calificó la medida como “un fichaje generalizado” que no respeta los derechos de las personas. El Gobierno debe pronunciarse sobre el tema en los próximos días, pero fuentes próximas al Ejecutivo ya han dejado ver su aprobación, con el argumento de que se produce un fraude masivo en las demandas de reunificación familiar, que implican a unos 23.000 niños al año.

La enmienda presentada por Mariani establece que para la concesión de visados de más de tres meses, “en caso de serias dudas sobre la autenticidad del acta de estado civil”, los agentes diplomáticos o consulares puedan “proponer” al demandante del visado “que ejerza, a su costa, la facultad de solicitar la comparación de sus huellas genéticas con el fin de verificar una filiación biológica declarada”. El coste de esta prueba se estima entre 150 y 250 euros, y parece evidente que en muchos de los países de donde proceden los inmigrantes la realización de estas pruebas sería muy problemática.

La medida choca abiertamente con la legislación vigente. Concretamente, con el artículo 16 del Código Civil, que establece que “el estudio genético de las características de una persona no puede llevarse a cabo más que con fines médicos o de investigación científica”. La enmienda presentada por el diputado de la UMP evita en todo momento establecer que las pruebas de ADN puedan ser obligatorias, pero las asociaciones de ayuda a los refugiados consideran que, de aprobarse, se convertiría en una poderosa arma en manos de las autoridades de inmigración, que podrían aplazar indefinidamente aquellos casos en los que los protagonistas se negaran a someterse a las pruebas.

La enmienda llegaba el mismo día en que el ministro para la Inmigración y la Identidad, Brice Hortefeux, se reunía con 20 prefectos de policía de otros tantos departamentos que no habían “cumplido” las cuotas de expulsiones de inmigrantes en situación irregular fijadas por el Ministerio. El presidente Sarkozy, cuando todavía ocupaba la cartera de Interior, había prometido que en 2007 se alcanzaría la cifra de 25.000 expulsiones. Pero lo cierto es que a finales de agosto la cifra total se situaba en 13.677 expulsados, poco más de la mitad del objetivo fijado.

El propio ministro reconoce que será difícil alcanzar el objetivo, puesto que este año los ciudadanos rumanos y búlgaros, que suponían entre el 20% y el 30% del total de expulsados, ya son miembros de la Unión Europea, lo que complica extraordinariamente el proceso, si bien Francia aún no les permite trabajar libremente.

Desde que el ahora presidente se decidió a impulsar las expulsiones, la cifra ha ido creciendo de los 10.000 del año 2002 a los 24.000 del año pasado.