«CREO que siempre hay otra forma de arreglar las cosas». Gavril Chis contesta después de pensarlo un poco, recordando la imagen del compatriota rumano que hace unos días se prendió fuego frente a la Subdelegación del gobierno de Castellón, desesperado por no encontrar respuesta a sus peticiones de ayuda para poder regresar, junto a su mujer y a su hija, a Rumanía.

Iliana, su mujer, dice que sí, que saben lo que es la desesperación; que la han sentido clara durante el primer año que pasaron aquí, cuando ninguna puerta abría ni ayuda alguna llegaba: «Entonces me cerraron puertas en las narices más de una vez; y también me han dicho: ¿Vete de aquí! Entonces sí pensé alguna vez que no saldríamos adelante». Y claro, alguna vez si que se les pasó por la cabeza la idea de regresar; pero al volver los ojos al país del que salieron hace cuatro años y luego mirar a sus seis hijos volvían a pensar que, a pesar de todo, era mejor aguantar: «En Rumanía no se puede vivir; y menos con seis hijos. La sanidad, el colegio… todo cuesta muchísimo dinero», afirma Gavril Chis.

Residencia sin trabajo

Gavril, que llega a la entrevista con una enorme carpeta que encierra todos los trámites, todos los papeles, todos los certificados, todos los diplomas y todos los cursos seguidos y conseguidos en los casi cuatro años de vida en Málaga, saca un pequeño documento, muy parecido a un DNI, pero en lugar de rosa, azul claro. Y todo está bien en el anverso, en el que aparece su foto, su nombre, su edad y la validez del documento que le acredita como residente legal, hasta su renovación en 2012. Lo malo es cuando vuelve el pequeño carné, y en letras algo más gruesas y un poco más oscuras que el resto se lee que el titular no está autorizado a trabajar por cuenta ajena. «Esto es lo malo», resuelve Gavril, que deja que el interlocutor saque sus propias conclusiones.

Esa frase en negrita es el problema; es la que echa atrás a los empresarios que se han interesado por su currículum, en el que constan sus 21 años de camionero en la misma empresa rumana, porque Gavril es camionero, y lo certifica el carné homologado en España: «Menos autobuses, puedo conducir cualquier vehículo», explica. En su situación, a pesar de ser residente legal, para trabajar por cuenta ajena debería seguir los mismos trámites que cualquier otro inmigrante; es decir, conseguir una oferta de trabajo y pasar con éxito el lento trámite que concluye con la concesión o no del permiso de trabajo. «Y los empresarios necesitan al trabajador ya. Han querido contratarme, pero me han dicho que lo necesitan para ya».

«¿Darme de alta como autónomo? No puede ser».

Está claro que no puede ser cuando cuenta que viene a sacar alrededor de 500 euros al mes recogiendo chatarra; que paga 350 euros de alquiler por el piso que habitan en un barrio muy popular; y que tiene que sacar adelante a seis críos, cinco de ellos en edad escolar, y la mayor, de 23, con un retraso madurativo de diez años. «A veces los Servicios Sociales nos dan cheques para que podamos comprar comida. En una ocasión la iglesia de La Palmilla nos dio 300 euros.Vale, pero nosotros no queremos vivir de las ayudas, nosotros queremos llevar una vida normal; con un trabajo normal», dice el hombre.

Casi 7.500 rumanos

Y si Gavril no encuentra trabajo en lo suyo, muy difícil lo deben tener los cerca de 7.500 rumanos que a día de hoy están empadronados en la provincia. Paradójicamente, el oficio de camionero suele aparecer bajo el apéndice de ‘difícil cobertura’ en las listas del Servicio Andaluz de Empleo, y de hecho, sindicatos y empresarios solicitaron este perfil en el último contingente de inmigrantes, pero como dice él: «El empresario no quiere un trabajador para dentro de meses, que es lo que tardan los papeles».

En el último año, el censo de ciudadanos rumanos empadronados en Málaga se ha duplicado, un dato que bien puede responder a la incorporación del país a la Unión Europea; al hecho de que ya no necesiten visado para entrar y a ese documento que les acredita como residentes legales, pero que deja claro que no autoriza a trabajar.

«Creo que queda un año y medio malo», dice Gavril, en relación a la fecha en la que debe concluir la limitación impuesta a rumanos y búlgaros en cuanto a los contratos de trabajo, porque una vez finalice el año 2008 se supone que, de verdad, serán ciudadanos europeos de pleno derecho.