Muerte en la costa

Diario Vasco, 08-09-2007

Las circunstancias que han rodeado el fallecimiento de diez inmigrantes ilegales en las costas de Gran Canaria deberían conmover hasta tal punto a la opinión pública como para evitar el riesgo de que la reiteración de tan dramáticos sucesos acabe anestesiando la sensibilidad política y ciudadana. Las víctimas, cuyas edades no rebasaban la veintena, murieron ahogadas a apenas 20 metros de un litoral en absoluta calma, incapaces de cubrir tan escasa distancia y agotadas por las penurias de una travesía inhumana. Aunque la llegada de cayucos se ha recortado un 61% hasta el mes de agosto, fatalidades como la registrada de nuevo en el archipiélago obligan a contener la satisfacción por esas cifras y perseverar en los esfuerzos para tratar de evitarlas, aun cuando lograrlo del todo resulte imposible. Más de un centenar de inmigrantes ha perdido la vida en las playas canarias a lo largo de 2007, una trágica estadística que se ve agravada por la constatación de que se desconoce cuántas personas han podido morir engullidas por el mar.

La solicitud del presidente de Canarias, Paulino Rivero, para que el Gobierno promueva «un ofensiva diplomática» a fin de concienciar del drama al resto de los estados de la UE apunta a una de la dificultades que lastran el combate contra la misma. Un déficit que, no obstante, no puede llevar a minusvalorar los esfuerzos que viene desarrollando el Gobierno, en colaboración con los Estados africanos de origen, para intentar reducir las arribadas de cayucos y perseguir las mafias que comercian con la vida de compatriotas desesperados. Pero esa lucha precisa no sólo del control exhaustivo de las fronteras y de la promoción de nuevas expectativas vitales para los potenciales inmigrantes dentro de sus propios países, sino de la aplicación de las medidas contempladas por la UE y de las legislaciones de cada estado para castigar a quienes siguen empleando a trabajadores indocumentados a sabiendas de que lo son. El Gobierno se ha congratulado de la capacidad de disuasión de las repatriaciones «masivas», pero no basta.

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