| MADRID

Durante los vuelos permanecerán atados a un cinturón que solo se retirará para ir al baño.


Basado en el argumento de que será una medida para evitar autolesiones de los deportados que rechacen su repatriación, el gobierno español prevé ponerles una especie de camisas de fuerza y cascos a los inmigrantes que sean expulsados.

El último borrador del documento fechado el 20 de julio determina, por ejemplo, el uso de cinturones y prendas inmovilizadoras que funcionan como una suerte de camisa de fuerza para contener a los violentos. Los agentes no podrán drogar a los expulsados ni emprender acciones que pongan en riesgo su integridad física o sus funciones vitales.

La decisión se adoptó tras la muerte de un nigeriano que pereció luego de que lo amordazaran en un vuelo al ser repatriado con custodia policial.

España retorna a inmigrantes fletando aviones o en vuelos comerciales. Este año, 8.530 salieron de forma forzosa.

Lorenzo Nebrera, secretario general de la Confederación Española de Policía, reconoce que los mayores inconvenientes se producen en los desplazamientos con inmigrantes de África y Asia.

Los latinoamericanos, añade, “son más tranquilos”. El  único incidente que se recoge en los archivos del sindicato ocurrió en otoño de 2004. El contacto del avión con la pista del aeropuerto de Quito fue brusco lo que generó una avería en el tren de aterrizaje. “Los pasajeros pasaron miedo, pero no hubo heridos”, sostiene.

Si bien fuentes del Ministerio del Interior prefieren no aportar datos por nacionalidades; según pudo conocer este Diario, 2004 fue el año que mayor número de vuelos conjuntos se ejecutó hacia Ecuador y Colombia: siete en total. Entre 2005 y 2006 cuatro aviones aterrizaron en Quito y Bogotá con inmigrantes expulsados de España, Italia y Francia.

La cuantía de las dietas que perciben los funcionarios que se desplazan hasta el aeropuerto Mariscal Sucre alcanza los 110 euros (149,6 dólares).
Cada uno de estos vuelos supone un coste para el erario público español de más de 390.000 euros (530.400 dólares).

Los extranjeros deberán embarcar con un informe médico, de forma que se conozca “cualquier circunstancia médica que pueda afectar a la expulsión”. Si el jefe del dispositivo policial cree que el estado de salud de un inmigrante no garantiza “un traslado digno y seguro”, podrá suspender la expulsión, según la información publicada ayer por diario El País.

Repatriados
Para las expulsiones de los indocumentados, la Administración española fleta aviones o devuelve a los inmigrantes en vuelos comerciales. En lo que va de año, 4.630 ‘sin papeles’ han abandonado de manera forzosa el país europeo a través de la primera vía en 123 aviones fletados; y, 3.900 lo hicieron por la segunda.