pamplona. Tan solo el 4% de los expedientes de asilo solicitados se resuelve favorablemente. Tras uno o dos años de permanecer legalmente en el Estado, los solicitantes pasan a ser inmigrantes ilegales porque muy pocos logran el expediente que les reconoce como refugiados. La legislación que regula los supuestos de asilo está regida por la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los refugiados de 1951. “Una ley que se ha quedado anticuada y que no recoge los supuestos de refugio que se dan actualmente”, explicó María Ezcurra, responsable de programa de atención a inmigrantes de Cruz Roja en Navarra.

Cruz Roja, como única institución que tiene competencia para la concesión de ayudas socioeconómicas a refugiados en Navarra, atendió a lo largo del año pasado a 39 personas que tienen solicitada su condición de refugiadas en la Comunidad Foral. De todas las personas atendidas, 12 eran nuevas solicitudes y, el resto, casos pendientes de resolución. Los refugiados que acuden a Navarra proceden en su mayoría de Colombia y República Democrática del Congo. “Dos países con una situación muy delicada. También hay otros países que se encuentran en muy mala situación, sin embargo, se refugian en otros estados europeos, principalmente porque tienen el mismo idioma”, explicó la responsable de inmigración de Cruz Roja.

carencia de la ley La Convención de Ginebra considera refugiado a la persona que tiene “fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas”. Sin embargo, esta regulación “olvida algunos casos, porque hay supuestos de peligro de vida que no se reconocen en la ley del 51”, indica Ezcurra. Ésta no trata específicamente el tema de los civiles que huyen de un conflicto armado, a pesar de que en los últimos años los principales movimientos de refugiados se han producido debido a guerras civiles y a la violencia étnica, tribal y religiosa. Otro problema con el que se suelen encontrar los solicitantes de asilo es la insuficiencia de pruebas documentadas que demuestren la persecución y la dificultad para expresar los motivos de ésta.

Todas estas carencias de la ley hacen que el 96% de personas que pide la solicitud de asilo se quede a las puertas y se vea obligada a abandonar el Estado o a permanecer de manera ilegal. “Para una persona que lleva más de un año con todo el proceso de solicitud de asilo, de repente, que le digan que se tiene que ir resulta muy complicado”, confesó Ezcurra. Y es que las personas que están a expensas de conseguir ese documento tienen derecho a tener un trabajo, un alojamiento y se pueden beneficiar de ayudas sociales. Cuando le deniegan el expediente de asilo, tiene un plazo de tiempo para abandonar el país, ya no cuenta con estos derechos y se queda desprotegido y sin saber a dónde ir. Hace unos años no era tan complicado conseguir el asilo ya que, según indicó Ezcurra, “antes era un coladero y muchas personas que no estaban en peligro se aprovechaban. Eso ha perjudicado a los que realmente necesitan ayuda”.

largo proceso Cuando una persona que ha tenido que huir de su país entra en el Estado tiene un mes para solicitar el asilo. Desde entonces, hay una fase previa para decidir sobre su admisión a trámite que la resuelve el Ministerio del Interior en unos 60 días. Una vez que se admite, se tiene la autorización para permanecer en el Estado durante el tiempo de tramitación de la solicitud que se realiza en un plazo máximo de seis meses. En la mayoría de los casos no se acepta esta solicitud y se puede recurrir, con lo que el proceso se puede alargar hasta un año más. Ezcurra aseguró que, por una parte, “es una ventaja que el proceso sea tan largo porque permite un mayor aprendizaje y adaptación del refugiado”, pero, por otra parte, “después de tanto tiempo cuesta más pasar a ser ilegal”.