Nada menos que hasta el 40% de los clientes de los laboratorios que practican análisis de ADN en España son inmigrantes, unas cifras que evidentemente no se corresponden con su proporción entre la ciudadanía. Una de las razones es que demostrar que se ha tenido un hijo con un español o española es una de las vías que tienen hoy los inmigrantes sin papeles para quedarse en nuestro país. Se trata de un camino que nada tiene de ilícito, pero que se ha convertido en una de las nuevas formas de picaresca para sortear las leyes contra la inmigración ilegal. A los consabidos matrimonios de conveniencia o bodas falsas se añaden así los embarazos de conveniencia: mujeres que buscan quedarse en estado, en ocasiones engañando al incauto español y diciéndole que toman la píldora, para que el bebé venga después con los papeles de regularización bajo el brazo.

Continuando con la picaresca, otra de las razones que explican el boom en los análisis de ADN – los tests han aumentado un 30% en los laboratorios públicos y un 50% en algunos privados – es que los consulados españoles exigen este tipo de estudios a muchos extranjeros que quieren traerse a sus hijos desde sus países de origen, una respuesta ante los fraudes que ya se han detectado en las reagrupaciones familiares. Para países como Nigeria o China los tests ya son obligatorios, y Asuntos Exteriores quiere extender esa exigencia a República Dominicana, India o Senegal. En el caso de Marruecos, como se ha comprobado este verano en nuestras costas, existe otra posibilidad para que los menores entren y se queden en España, y es que lleguen en patera sin acompañamiento de ningún adulto. Incluso en estos casos hay quienes se hacen pasar por menores de edad sin serlo, por lo que las administraciones recurren a pruebas de medición de cráneo que determinen esa condición.

Es evidente que la capacidad del Estado para controlar este tipo de atajos es muy limitada, y sólo actuando con mayor prudencia y responsabilidad en los procesos de regularización se puede controlar un fenómeno ante el cual el Gobierno muestra un optimismo injustificado. El fracaso de la política seguida es más que evidente y hoy podemos asegurar que hay en nuestro país al menos tantos inmigrantes ilegales como cuando se trató de solventar ese problema con un proceso de regularización masivo y excesivamente anunciado.