La presión desde hace años de Andalucía – y la más reciente de Canarias – para que el Gobierno dé con la fórmula legal para repatriar a los numerosos menores inmigrantes acogidos por ambas autonomías, entre otras, parece que obtendrá respuesta este mes de septiembre. En el enésimo ensayo de posibles soluciones, el Ejecutivo anunció un nuevo acuerdo con Marruecos para el retorno controlado de esos jóvenes y su acceso a una formación educativa y laboral. La medida afectará sobre todo a Andalucía, comunidad que tiene acogidos en varios centros a 988 menores inmigrantes, en su mayoría procedentes del Magreb. En el caso de Canarias, los menores son del África subsahariana.

El acuerdo anunciado ayer por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, trata así de buscar soluciones al problema de estos menores inmigrantes que viven en España sin familia y en situación ilegal, a quienes ahora es imposible repatriar porque las autoridades de algunos países no admiten su devolución al carecer de documentos y de vínculos familiares demostrables en sus lugares de origen.

Retorno

En otro intento por zanjar esa situación, el Gobierno acordó ayer impulsar un acuerdo con Marruecos para permitir el retorno al país vecino de sus nacionales menores de edad. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, explicó tras la reunión del Consejo de Ministros que el convenio, que el Ejecutivo ha remitido a las Cortes para su aprobación, incluye un compromiso para favorecer el acceso de esos jóvenes a una educación y una formación que facilite el acceso a un futuro profesional. La ‘número dos’ del Ejecutivo situó «en la precariedad» educativa y laboral «la raíz» del problema.

Los gobiernos español y marroquí expresaron en la Reunión del Grupo de Trabajo Permanente Hispano – Marroquí sobre inmigración, que se celebró en Toledo en julio pasado, su voluntad de agilizar los trámites para el retorno de esos adolescentes. La negociación del acuerdo, no obstante, es anterior y se cerró en Rabat el 6 de marzo de 2007 con motivo de la visita del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para participar en la VIII Reunión de Alto Nivel Hispano – Marroquí.

La vicepresidenta explicó que para poner en práctica la iniciativa ya ha comenzado la construcción dos centros de formación profesional en las ciudades marroquíes de Nador y Benimellal. Fernández de la Vega aseguró que todas las repatriaciones se efectuarán «con la máxima garantía de protección de los derechos del menor» para «reintegrarlos a su entorno social y familiar, para que tengan un futuro en su país».

Formación

Se trata, en la mayoría de casos, de niños y adolescentes procedentes del Magreb que llegan a España través de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla. Este es el medio utilizado por la mayoría de los chicos y chicas acogidos en Andalucía. Tras ser interceptados por las autoridades, son internados en centros de menores tutelados por la Junta de Andalucía, en los que permanecen varios años hasta cumplir la mayoría de edad. En ese tiempo reciben una formación educativa y se les enseña el idioma. Al cumplir la mayoría de edad, reciben una orden de abandonar España, que raras veces llega a ejecutarse. Muchos han huido antes.

En otras ocasiones, y sólo cuando hay constancia de que tienen familiares en España, el Gobierno andaluz puede dejarles ir. Así, durante el primer semestre de este año 195 menores se unieron con sus familiares en España, ya sea porque residían o porque se instalaron en el país durante la estancia del niño en el centro de acogida.

Aunque la mayoría de los menores vienen en situaciones precarias, «muchos otros tienen una clase media alta y una familia reconocida que está en contacto permanente con ellos», según ha reconocido reiteradas veces la consejera de Bienestar Social, Micaela Navarro. Para la política andaluza, es justo que los gobiernos de ambas orillas hagan todo lo posible para que los niños «se incorporen con sus familias».