La nueva ley de inmigración portuguesa entró en vigor el pasado 3 de agosto. Menos de dos semanas después, la avalancha de ciudadanos que reclamaban poner en regla sus papeles – se calcula que hay unos 100.000 en situación irregular – obligó a las autoridades a suspender el proceso de regularización. La línea verde abierta recibió 900.000 llamadas, y en las colas, según el Gobierno, había ya inmigrantes africanos y asiáticos llegados desde España e Italia.

Portugal, que en 2005 tenía 275.906 extranjeros legales, no da abasto a regularizar a los miles de trabajadores, africanos y brasileños sobre todo, que esperan amparo. Ayer, el Consejo de Ministros aprobó el nuevo reglamento de la ley, que abrirá el proceso de nuevo en octubre, entre las críticas, por motivos opuestos, de la derecha y de las asociaciones de inmigrantes. Según SOS Racismo, hay más de 100.000 extranjeros en situación irregular, y la nueva ley no cubre ni un 10% de la demanda.

Caboverdianos, brasileños, angoleños y guineanos, por ese orden, son las nacionalidades mayoritarias entre los casi 300.000 inmigrantes legales que había en Portugal en 2005. Entre las cuatro, suman más del 50% de los extranjeros residentes. Más de la mitad habitan en el distrito de Lisboa, que ha vivido un agosto marcado por las colas, la esperanza y, finalmente, la frustración. Los servicios del Consulado de Brasil se han colapsado, y lo mismo ha ocurrido en varias legaciones africanas. También hay miles de ucranios y moldavos esperando sus papeles.

La situación desbordó completamente las previsiones del Gobierno, que hace dos semanas cerró la oficina del Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF) y sólo había atendido a 800 personas. Para Mama Duba, dirigente de SOS Racismo Portugal, el problema es que “el Ejecutivo se precipitó a aprobar la ley sin salvaguardar lo esencial, que es resolver el problema de los indocumentados”.

A Duba le sorprende que al Gobierno le haya pillado desprevenido la avalancha: “Su idea es que la regularización de ilegales sea la excepción, no la regla, y eso es totalmente absurdo. Se lo dijimos en 2005, ellos dijeron que nos escucharían, pero luego no quisieron oírnos”.

La nueva ley no es precisamente permisiva. Prevé legalizar a los inmigrantes que hayan entrado regularmente en el país, tengan contrato de trabajo o estén inscritos en la Seguridad Social. Según los cálculos de las asociaciones de extranjeros, eso supondría conceder la residencia a una cuota mínima, menos de 10.000 personas. “Aspirar a legalizar sólo a 8.500 personas es ridículo. No entienden que dar papeles sólo a los que tienen contrato de trabajo es beneficiar a los que infringen la ley y olvidar a los miles de trabajadores explotados que no tienen contrato ni Seguridad Social”, dice el dirigente asociativo.

Aunque el Gobierno ha afirmado para justificar el parón en la aplicación de la ley que han detectado ciudadanos llegados desde Italia y España al olor de un supuesto efecto llamada, e incluso a “intermediarios sin escrúpulos” que habrían intentado aprovecharse de una hipotética “regularización extraordinaria”, SOS Racismo lo niega.

Todos los sectores coinciden en que el Gobierno ha conducido el asunto de una manera torpe y atropellada. Ayer, el ministro del Interior, Rui Pereira, explicó que el Gobierno ha preferido esperar a aprobar el reglamento para crear “un mecanismo de seguridad”. Las asociaciones creen que, ahora, el Gobierno aprovechará el caos para tratar de restringir las condiciones que dan acceso a la legalización.