El PNV defiende en su ponencia social la construcción de vivienda tasada como medida «más real y más eficaz» para hacer frente al elevado coste de los pisos y plantea que, en un plazo «razonable», la cantidad que se destine al pago de una casa no supere el 30% de los ingresos netos de los propietarios.

Respecto a la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, afirma que ha creado «un problema competencial» porque afecta a materias que el Estatuto de Autonomía y la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra consideran «exclusivas».

En el texto que debatirá la Asamblea Nacional y que ha sido coordinado por la parlamentaria Gema González de Txabarri, el PNV apuesta por establecer «porcentajes altos» de vivienda tasada, ya que considera que ésta es «la medida más real y más eficaz» para combatir el elevado precio de los pisos.

La ponencia sostiene que la vivienda tasada impedirá que Euskadi «siga separándose de los parámetros europeos en relación a la cantidad de segunda vivienda y vivienda vacía», y que ayudará a «frenar» la visión de la vivienda como «objeto de inversión y especulación» y a que el precio sea «ajustado a su coste real».

Además, el PNV se pone como objetivo que, en un plazo «razonable», la cantidad que las personas tengan que destinar al pago de sus casas no supere el 30% de sus ingresos netos, «lo que tendrá efectos positivos en la propia economía, al quedar en manos de la ciudadanía una mayor capacidad real de gasto e inversión».

En la misma línea, confía en el acceso a la vivienda de protección oficial (VPO), pero no «necesariamente» en propiedad, por lo que propone orientar esta oferta hacia la vivienda social en alquiler.

En relación con la política de inmigración, el PNV plantea que se regularice la situación de los inmigrantes con empleo «para frenar la dinámica de dirigir a una parte de la población inmigrante hacia las ayudas sociales, a la vez que se les mantiene en el mercado sumergido». «Es urgente que el Gobierno español dé respuesta a esta realidad social para regularizar la situación de personas inmigrantes que cuentan con la posibilidad de tener un contrato de trabajo», apunta el texto.